Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han participado en una investigación contra el expolio de yacimientos arqueológicos, el blanqueo de capitales mediante el tráfico ilícito de oro, estafas y otros delitos relacionados con los anteriores, que ha culminado con la detención de 85 personas y la práctica de 115 registros en las provincias de Madrid, Sevilla, Córdoba, Jaén, Málaga, Granada y Valencia. Las investigaciones se iniciaron de forma conjunta por ambos Cuerpos en relación con una red especializada en el expolio del patrimonio histórico. Posteriormente, la Policía Nacional amplió sus pesquisas a una parte de la red dedicada al blanqueo de capitales mediante la comercialización fraudulenta de metales preciosos.
La red dedicada al expolio operaba principalmente en Andalucía, si bien se desplazaban a otras comunidades autónomas para esquilmar yacimientos. Los investigadores han recuperado miles de piezas de diferentes tipos y datas, principalmente de la época romana, procedentes de distintos yacimientos y se ha desmantelado un completo taller destinado a la restauración y falsificación de los bienes expoliados.
Por su parte, los agentes de la Policía Nacional vincularon al máximo responsable de este grupo con un trama de blanqueo de capitales por medio de de la comercialización fraudulenta de metales preciosos. En esta actuación de la Policía Nacional centrada en el tráfico ilícito de oro se han intervenido, entre otros efectos, más de 120 kilos de oro y plata, 900.000 euros en efectivo, maquinaria para fundición de metal, 7 armas de fuego y se han bloqueado un centenar de cuentas bancarias.
Expolio de yacimientos arqueológicos
Una parte de la organización se dedicaba al expolio de yacimientos arqueológicos esquilmándolos de tal manera que dificultaba su estudio científico, con lo que quedaba desvirtuada totalmente la información que pueden aportar sobre las distintas civilizaciones asentadas en los lugares expoliados.
El núcleo fundamental de la organización se encontraba asentado principalmente en las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada, desde donde sus miembros operaban en los diferentes procesos relacionados con esta modalidad delictiva –prospección, extracción, manipulación y tráfico de los bienes extraídos de forma ilícita-, aunque también operaban en otras Comunidades.
Una vez extraídas las piezas de los distintos yacimientos, los expoliadores de campo las entregaban a los encargados de su catalogación, limpieza y restauración, quienes asignaban un posible valor de venta, ofertándolas tanto en subastas privadas como on-line a través de Internet. También se llevaba a cabo la venta directa a coleccionistas que podrían ser considerados como clientes habituales.
Muchas de las obras que ofrecían a los compradores eran originales y conseguidas en excavaciones de los yacimientos arqueológicos que expoliaban. Sin embargo, en otras ocasiones se trataba de imitaciones, ya que disponían de falsificadores expertos que conseguían restaurar piezas sumamente deterioradas extraídas de un yacimiento y darles apariencia de auténticas. Incluso, a través de una pieza original hacían una cantidad importante de copias con máquinas de alta precisión, envejeciéndolas mediante procesos químicos y físicos, con lo que lograban crear confusión en cualquier especialista en cuanto a la determinación de su autenticidad o falsedad.
En el operativo desplegado por Policía Nacional y Guardia Civil han sido detenidas 57 personas y se han recuperado miles de obras de gran valor histórico y cultural, perteneciendo a diferentes épocas históricas, desde la prehistoria hasta la época medieval, aunque el grueso de las mismas corresponde a la época romana.
Entre las piezas se encuentran puntas de flecha, monedas romanas y medievales, fíbulas de origen romano, pendientes y hebillas visigodas, hachas de piedra pulimentada, estelas con inscripciones en árabe, columnarios, exvotos, etc. Asimismo, se han recogido diversas máquinas y herramientas, entre ellas dieciocho detectores de metales, utilizadas para la comisión de los delitos, y gran cantidad de documentación y material informático, utilizado por los autores para planificar los expolios llevados a cabo.
Tráfico ilícito de metales preciosos
Los investigadores de la Policía Nacional ampliaron sus indagaciones en torno a parte de los miembros de la red que se dedicaban al blanqueo de capitales por medio de la comercialización fraudulenta de metales preciosos –oro y plata- procedente en ocasiones de hechos delictivos.
La conexión del principal responsable en la comisión de delitos contra el patrimonio histórico -implicado tanto de forma directa en expolio de yacimientos en la Comunidad de Andalucía, como en la receptación de piezas expoliadas por terceros o intermediarios para su ulterior comercialización por diferentes medios- con el comercio ilícito de oro, se produce al constatarse la reiterada adquisición por su parte de joyas que le suministraba una familia de la localidad de La Carolina (Jaén), cuyo responsable era el cabeza de familia.
El oro adquirido por este clan familiar era vendido a un nivel superior en que se hallaba otro de los detenidos. Este controlaba, además, a diversos grupos de proveedores, joyeros y casas de compraventa de oro, que en muchos casos incumplían la normativa respecto a la obligación de registro de las piezas en el libro preceptivo.
Posteriormente, por medio de diversos individuos, lo vendía bien en forma de chatarra o laminado, sin reunir la pureza exigible, ni marca ni sello de contraste alguno; o bien burda y clandestinamente fundido a otras personas situadas en niveles superiores. Los investigadores han constatado numerosos movimientos de importantes cantidades de oro y dinero desde Andalucía a Madrid, que era transportado por tren o por carretera.
El grupo contaba con diversas sociedades, de las que algunos de los detenidos son administradores, además de constituir otras a cuyo frente figuraban testaferros con el objeto de diversificar la facturación y eludir la carga impositiva. Como norma general, las compras de oro se hacían en efectivo, para luego realizar facturas de la manera más conveniente y así eludir el pago de impuestos.
Posteriormente, el metal se fundía ilegalmente en fundiciones clandestinas y se confeccionaban facturas a la carta para conferir apariencia de legalidad a las operaciones de tráfico. Los detenidos operaban con elevadas sumas de dinero sin que se declarasen las operaciones, incurriendo en presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales cuya investigación continúa por parte de la Brigada de Delitos Monetarios de la Comisaría General de Policía Judicial.
El resultado final de esta investigación ha sido el arresto de 28 personas y la intervención de 55 kilos de oro y 70 de plata, numerosas mantas de joyería, así como piezas no anotadas en los libros de registro, 900.000 euros en efectivo, 5 armas cortas (entre ellas una pistola ametralladora) y dos armas largas. Además, se han decomisado libros de contabilidad paralela de las diferentes empresas investigadas, y se han bloqueado un centenar de cuentas bancarias, 9 propiedades inmobiliarias y se han inmovilizado numerosos vehículos.
El oro una vez fundido se enviaba a Alemania, Turquía, Italia y Suiza donde se refinaba, volviendo posteriormente a España para su introducción en el mercado legal.
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