Los Presupuestos Generales del Estado para 2011, al Parlamento

El Estado se aplica un recorte de gastos del 7,9% para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit público para 2011, que está fijado en el 6% del PIB
 

Los ingresos derivados de impuestos aumentan un 6,2% debido a la recuperación económica y al efecto de las
medidas normativas incorporadas en los presupuestos de 2010 y 2011

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, acompañada del secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, y del secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, ha entregado hoy al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, un "pen drive" que contiene las cuentas del Estado para el 2011. 

Estos Presupuestos continúan el esfuerzo de consolidación fiscal iniciado en las cuentas públicas de 2010 y permitirán cumplir con el objetivo de déficit del 2,3% del PIB fijado para la Administración General del Estado en la senda de consolidación fiscal definida dentro del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria para el periodo 2010-2013. Ésta establece como objetivo para el conjunto de las Administraciones Públicas cerrar el ejercicio de 2011 con un déficit del 6% del PIB.
Son, por tanto, unos presupuestos austeros, que desarrollan las medidas de ajuste planteadas en el Plan de Revisión del Gasto de la Administración General del Estado 2011-2013, aprobado en mayo pasado; pero que también optimizan la eficiencia en el uso de  los recursos públicos para, apoyándose en el proceso de reformas estructurales puesto en marcha en los últimos meses, contribuir a la recuperación de la economía española. Persiguen, por tanto, dos objetivos complementarios: la reducción del déficit, como prioridad en el corto plazo; y el incremento de la competitividad de nuestra economía, como objetivo a medio y largo plazo.
Las cuentas públicas de 2011, además, mantienen el esfuerzo en protección social, singularmente en lo que se refiere a la protección de los desempleados y los pensionistas con prestaciones más bajas; y priorizan en términos relativos aquellas políticas de gasto que se estiman prioritarias para promover el cambio de modelo productivo, como las relacionadas con  I+D+i y educación.

Prioridad: la consolidación fiscal

Los compromisos adquiridos por el Gobierno en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento establecen que el déficit público del conjunto del sector público español debe reducirse desde el 11,1% del PIB que se alcanzó en 2009, hasta el 3% en 2013, es decir, en sólo cuatro ejercicios presupuestarios. Para lograrlo resulta necesario que el déficit de las cuentas públicas se sitúe en el 6% del PIB a la finalización del año 2011 y que el déficit del Estado se reduzca hasta el 2,3% durante el próximo año, según marca la senda de consolidación fiscal aprobada por el Parlamento.

Al objeto de cumplir con ese objetivo, los Presupuestos Generales del Estado para 2011 recortan un 7,9% el gasto de la Administración General del Estado respecto al presupuestado en 2010. El techo de gasto no financiero del Estado queda situado así en 122.022 millones de euros en términos homogéneos. Esta cifra no incluye la financiación de las administraciones territoriales, dado que la plena entrada en vigor del nuevo sistema de financiación autonómica impide la comparación directa con los datos de 2010. Esto es así porque el modelo aprobado en diciembre de 2009 supone una reducción del gasto estatal, debido al menor importe del Fondo de Suficiencia, consecuencia, a su vez, de la mayor cesión de impuestos a las comunidades autónomas. Una vez sumada la financiación territorial, el límite de gasto no financiero del Estado se sitúa en 150.056 millones, inferior en un 18,9% al de 2010.

Este fuerte ajuste del gasto público en 2011 materializa los criterios de austeridad recogidos en el Plan de Revisión del Gasto de la Administración General del Estado para el periodo 2011-2013, aprobado el pasado mes de mayo. En el marco de este plan, el proyecto presupuestario que el Gobierno ha presentado hoy en el Congreso concreta, entre otras medidas, la congelación de las retribuciones del personal al servicio de la Administración, consolidando así el efecto de la rebaja media del 5% puesta en práctica el pasado mes de junio; y la restricción de la oferta de empleo público, por la vía de cubrir sólo una de cada diez vacantes que se generen en la Administración.

El resultado de esta estrategia de austeridad tiene fiel reflejo en las cuentas públicas de 2011, que van a permitir la reducción en cerca de 20.000 millones de euros (1,9% del PIB) del desequilibrio acumulado por las arcas del Estado durante la crisis económica. Para conseguirlo, los Presupuestos plantean una disminución media del 15,6% en los créditos disponibles por parte de los ministerios, que deberán trasladar este ajuste a los capítulos y partidas presupuestarias que estén bajo su gestión; y recortan en un 6,7% los gastos de funcionamiento de la Administración General del Estado (excluidos los asociados a la celebración de procesos electorales), lo que será posible mediante un utilización más eficaz de los medios materiales disponibles.

No se reducen los recursos destinados a gasto social, que crecen un 1,3% hasta los 183.231 millones de euros, un 58% del presupuesto total consolidado. El Gobierno mantiene su compromiso de garantizar el nivel de cobertura de las prestaciones por desempleo, así como el de dotar el Fondo de Reserva de las pensiones, que recibirá 3.457 millones de euros adicionales. El gasto en pensiones aumenta un 3,6%. Entre las partidas que no se ven afectadas por estos recortes generalizados destacan la de becas, que experimenta un crecimiento del 2,6% hasta alcanzar un importe de 1.430 millones de euros; y la de las pensiones mínimas, que se incrementan un 1% durante el ejercicio.

El ajuste afecta a casi todas las partidas de gasto, si bien el Gobierno ha tratado de preservar las políticas que más pueden contribuir a  incrementar la capacidad productiva de la economía. De este modo, las actuaciones directas en I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación sólo ven recortadas sus dotaciones en un 1,6%, manteniendo los niveles de inversión actuales vinculados al Plan Nacional de I+D+i y a la Estrategia de Innovación; mientras que el esfuerzo inversor en infraestructuras se reduce, pero mantiene en 2011 una importante dotación de 17.074 millones de euros.

Mejora de ingresos

Los ingresos no financieros del Estado antes de descontar la participación de las administraciones territoriales en IRPF, IVA e Impuestos Especiales, lo que permite compararlos con los de 2010, alcanzarán los 178.917 millones de euros, un 5,7% más que la recaudación esperada para el presente ejercicio. Excluida la cesión a los entes territoriales, los ingresos no financieros del Estado serán de 106.020 millones de euros.

Por su parte, los ingresos tributarios del Estado en términos homogéneos, es decir, antes de la cesión de parte de los mismos a los entes territoriales, experimentarán un incremento del 6,1%, situándose en 164.932 millones de euros, frente a los 155.322 millones de 2010. El empuje proporcionado por el inicio de la reactivación económica y el efecto positivo sobre la recaudación de las diferentes medidas normativas puestas en marcha por el Gobierno -tanto en los últimos presupuestos como en el Real Decreto Ley de medidas extraordinarias de reducción del gasto público de mayo- permitirán consolidar el crecimiento de los ingresos por segundo año consecutivo.

Las nuevas medidas fiscales incluidas en el proyecto de Presupuestos tendrán un efecto limitado en la recaudación. En concreto, el proyecto que inicia hoy su tramitación parlamentaria prevé la creación de dos nuevos tramos en el IRPF para las rentas del trabajo y de actividades económicas más elevadas. El primero se aplicará a los contribuyentes con base liquidable general de entre 120.000 y 175.000 euros, y supondrá elevar en un punto el tipo marginal máximo de la cuota estatal del IRPF, que pasa del 21,5% al 22,5%. El segundo tramo de nueva creación gravará a los contribuyentes con bases liquidables superiores a 175.000 euros, que verán elevado su marginal máximo en dos puntos, pasando al 23,5%.

También se crea un nuevo límite máximo de 300.000 euros en el IRPF para las retribuciones plurianuales, por encima del cual no será de aplicación la reducción del 40%; y se modifica la normativa de las sicav para someter a gravamen todas las percepciones que materialicen sus partícipes independientemente del método utilizado.

Finalmente, también se reforma el Impuesto sobre Sociedades para permitir que las entidades de reducida dimensión que pierdan tal condición, como consecuencia del incremento de su facturación o de operaciones societarias, puedan seguir aplicándose el régimen especial previsto para este tipo de empresas durante los tres ejercicios siguientes. Estas entidades también disfrutarán de exención en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en las operaciones de ampliación de capital que lleven a cabo en 2011 y 2012.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado incorpora, asimismo, medidas fiscales incluidas en otros proyectos normativos, pero cuya puesta en marcha se quiere garantizar para el 1 de enero de 2011. Entre éstas destaca la supresión parcial de la deducción por adquisición de vivienda habitual en el IRPF para contribuyentes con bases imponibles iguales o superiores a 24.170,20 euros, así como la equiparación de los límites establecidos para la aplicación de este beneficio fiscal con los de la deducción por alquiler.

La recaudación por IRPF alcanzará los 71.761 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,2% en relación a los ingresos previstos en 2010, debido, principalmente, al incremento esperado en las rentas del capital, al moderado crecimiento del empleo y a los cambios normativos introducidos en el impuesto.

El Impuesto sobre Sociedades, por su parte, proporcionará unos ingresos de 16.008 millones de euros, con un crecimiento del 9,3% sobre la previsión de liquidación de este año. Este mejor comportamiento se explica por la mejora esperada en los beneficios empresariales.

 

En el primer año completo en el que estarán en vigor los nuevos tipos en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la previsión de recaudación asciende a 48.952 millones de euros, un 7,3% más que en 2010, incremento explicado en su mayor parte por el alza de tipos del impuesto. Los Impuestos Especiales recaudarán un 2,3% más en 2011 y aportarán 20.825 millones de euros a las arcas públicas, mientras el capítulo de otros ingresos tributarios sumará 7.386 millones, un 2,3% más.