Bruselas autoriza los anticipos a los agricultores españoles por un valor cercano a 1.700 millones de euros

El Comité de Pagos Directos, reunido hoy en Bruselas, ha aprobado por Decisión de la Comisión, el pago de anticipos a los agricultores españoles.
Desde el pasado mes de mayo, en el MARM, se empezó a trabajar en la posibilidad de que  la Comisión autorizara al Reino de España, el abono de anticipos del Régimen de Pago Único a todos los agricultores para esta campaña 2010, tal y como que se prevén en el artículo 29, apartado 4, del Reglamento 73/2009 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa.

Con ello, se pretendía que los agricultores de toda España pudieran disponer de parte del importe de lo derechos de pago único para hacer frente, tanto a los distintos episodios catastróficos que han causado importantes pérdidas al sector agrario en la segunda mitad del año 2009 y el inicio del año 2010,  como a la crisis económica y financiera, a la que el sector agrario no está siendo ajeno.
A la petición realizada por España, que ha sido la primera en esta campaña 2010, se fueron sumando otros EE.MM. Son 10 estados a los que, también en el Comité, se les ha concedido autorización para el pago de dichos anticipos (Francia, Grecia, Hungría, Italia, Irlanda, Letonia, Lituania, Rumania y algunas zonas de Bélgica, además de España).

Anticipos

Los anticipos, que podrán llegar hasta el 50% de los derechos de pago único, podrán suponer un adelanto de unos de 1.700 millones de euros, beneficiando a  más de 800.000 agricultores, y se podrán hacer efectivos a partir del 16 de octubre del 2010. El pago de este anticipo es una decisión que debe tomar cada gobierno autonómico.
El resto de los pagos de la campaña 2010 de la Política Agraria Común se realizarán a partir del 1 de diciembre.
Para ello los responsables del MARM, junto a los de las Comunidades autónomas están realizando la oportuna coordinación de todos los pasos previos a realizar al pago. Esto incluye un esfuerzo extraordinario para tener realizados los controles administrativos y sobre el terreno, que verifican que se cumplen las condiciones de admisibilidad al beneficio de la ayuda.