La mayoría de los españoles considera que el fraude fiscal no se puede justificar en ningún caso

La mayoría de los españoles considera que el fraude fiscal no se puede justificar en ningún caso, según se recoge en el estudio “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2009” (Barómetro Fiscal), que anualmente elabora el Instituto de Estudios Fiscales y que este año cumple su décimo quinta edición.
El ‘barómetro fiscal’ se basa en una encuesta anual, realizada mediante entrevistas personales a una muestra aleatoria nacional de 1.500 ciudadanos distribuidos en cinco segmentos (empresarios, agricultores, profesionales liberales, trabajadores asalariados e inactivos) y seleccionados por cuotas de hábitat, género, edad y categoría socioeconómica.
El estudio sirve para chequear anualmente el estado de opinión de los
españoles sobre la relación entre la oferta pública de servicios y
prestaciones y los impuestos, la percepción sobre el comportamiento
fiscal de los contribuyentes y la imagen corporativa de la Hacienda
Pública; e incluye un capítulo específico sobre aspectos concretos del
ámbito fiscal que este año está dedicado a ‘Medio Ambiente y Fiscalidad’.
Los servicios sanitarios, las infraestructuras y los transportes públicos han
sido los utilizados por una proporción mayor de hogares españoles durante
el año 2009. En general, los datos de la encuesta revelan una mayor
utilización de los servicios públicos respecto al ejercicio precedente, así
como una moderada satisfacción de los ciudadanos hacia los mismos.
Según el estudio, existe un nivel global de moderada satisfacción con los
diversos servicios públicos y prestaciones sociales considerados en la
encuesta. Todos estos servicios y prestaciones son considerados útiles y
necesarios, y es mayoritaria la percepción de que justifican el pago de los
impuestos.
El acceso universal a la oferta pública de servicios y prestaciones,
especialmente a la sanidad, es uno de los aspectos mejor valorados por
los ciudadanos, que, sin embargo, mantienen la percepción mayoritaria
(73%) de que existe margen de mejora en la prestación de los mismos.
No obstante, continúa siendo mayoría el porcentaje de entrevistados que
considera que la oferta pública de servicios y prestaciones ha mejorado
durante los últimos cinco años.
En relación a una posible participación de la iniciativa privada en la
gestión o financiación de los servicios y prestaciones públicas, la mayoría
de los españoles se muestra en contra. Una proporción superior a la
mitad de la población encuestada opina que la iniciativa privada no
debería participar ni en la gestión (57%) ni en la financiación (55%) de los
servicios públicos. De hacerlo, las preferencias se dirigen al sector del
transporte y las infraestructuras.
En relación con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, los ciudadanos entrevistados expresan una opinión bastante polarizada que en 2009, al contrario de lo que sucedió en 2008, se inclina hacia los que piensan que el grado de cumplimiento fiscal ha empeorado en los últimos cinco años (52% de los entrevistados). Los ciudadanos que perciben una evolución positiva en el pago de los impuestos atribuyen esta mejora a dos factores esenciales, las retenciones aplicadas sobre los salarios (93%) y el mayor control que la Inspección de Hacienda mantiene sobre los contribuyentes (88%), otorgando una influencia significativamente menor a la existencia de una mayor conciencia social sobre la necesidad de pagar impuestos. Según los datos obtenidos en las entrevistas realizadas para el ‘barómetro fiscal 2009’, los españoles no tienen una percepción homogénea sobre las causas del fraude fiscal. La impunidad de los defraudadores y la falta de conciencia cívica aparecen como las causas más mencionadas, frente a la inadecuación de los servicios y prestaciones públicos a lo que se paga, a la que se da una importancia marginal. Sobre lo que sí hay una opinión mayoritaria es sobre la falta de justificación para el fraude fiscal. El 57% de los españoles estima que no se puede justificar en ningún caso, ya que es una cuestión de solidaridad y principios. En este sentido, los españoles identifican el mantenimiento de actividades económicas ocultas a Hacienda y la Seguridad Social como el tipo de fraude más perjudicial para la sociedad en su conjunto.

MEDIO AMBIENTE Y FISCALIDAD

Como es habitual, el estudio incorpora algunas cuestiones asociadas a la actualidad; en este caso, se introdujeron preguntas sobre medio ambiente y fiscalidad. Preguntados sobre a quién corresponde la responsabilidad de proteger el medio ambiente, los ciudadanos opinan que se trata de una responsabilidad compartida entre Administraciones Públicas y ciudadanos, si bien las primeras deberían jugar un papel más activo. La mayoría de los ciudadanos se declara dispuesta a cambiar sus hábitos de consumo e incluso a reducir algo su bienestar para proteger el medio ambiente, si bien, por lo general, se muestran remisos a pagar precios más altos o a pagar más impuestos.