Asturias y el resto de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia, 12 en la actualidad al incorporarse La Rioja, reclaman al Ministerio de Justicia la tramitación de los cambios normativos necesarios que les garanticen capacidad de decidir sobre la organización del personal no judicial de sus respetivos territorios.
Esta ha sido una de las principales conclusiones aprobadas esta mañana en la Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia, organizada en esta ocasión por el Departamento de Justicia del Gobierno de Cantabria y en la que en representación del Gobierno asturiano ha participado la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.
Además de la gestión del personal en la Comisión -que comenzó a desarrollarse ayer con distintos grupos de trabajo en los que por parte de Asturias participaron el Director General de Justicia, José Manuel Fernández, y el Jefe Servicio Jesús Canal- se analizaron también otra temas de actualidad como la Nueva Planta Judicial y la modernización tecnológica de la Justicia.
La Consejera destacó al finalizar la reunión la intensidad del debate y el alto grado de consenso alcanzado finalmente por las Comunidades Autónomas participantes en temas que son de especial trascendencia para avanzar en la consolidación de “una justicia más ágil, eficaz y cercana a la ciudadanía”.
En materia de personal, las Comunidades solicitan la asunción efectiva de las competencias ejecutiva y de gestión del personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia, de tal forma que cada territorio pueda aprobar su oferta de empleo público, convocar y resolver los procesos de selección y adscripción a los puestos de trabajo, elaborar y aprobar sus respectivas relaciones de puestos de trabajo…
Para esta asunción de competencias, es imprescindible introducir algunos cambios en la actual Ley Orgánica del Poder Judicial. Para imprimir la mayor celeridad posible en la tramitación de las modificaciones, en las conclusiones de la Comisión se recoge el compromiso de las Comunidades Autónomas a remitir al Ministerio de Justicia, en el plazo máximo de dos meses, propuestas de modificación.
Esta Comisión de Coordinación desarrollada en Santander es la cuarta de estas características celebrada en la actual legislatura. En enero de 2009 tuvo lugar en Barcelona y los principales temas abordados en aquella ocasión fueron la Justicia gratuita y la Nueva Oficina Judicial. En enero de 2010 el escenario fue Pamplona y el debate se centró principalmente en las reformas procesales que entraban en vigor para la implantación de la Nueva Oficina Judicial. La última reunión, en julio de 2010, se desarrolló en Valencia y ya se empezaron a abordar asuntos relacionados con la Oficina y Planta judicial en los que se está profundizando ahora en Santander.
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