El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino anuncia al Consejo Asesor de Medio Ambiente la candidatura de España para optar a la Presidencia del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y su oferta de trabajar conjuntamente con las organizaciones de ese Consejo Asesor para la preparación Río 2012. El anucio lo ha hecho la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, quien presidió ayer la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), del que forman parte organizaciones ecologistas, sindicales, empresariales y agrarias así como cofradías de pescadores y asociaciones de consumidores.
En noviembre de 2007 España fue elegida miembro del Consejo de Administración del PNUMA por un periodo de 4 años (2008-2011). El MARM ha cursado la petición para ostentar la Presidencia de su principal órgano de gobierno, el Consejo de Administración. España presenta un programa para avanzar en el consenso necesario para una economía verde y fortalecer la gobernanza medioambiental internacional y preparar la cumbre Río +20 para antes de 2012. Para España es una oportunidad de ser portavoz del PNUMA en los principales foros internacionales.
Responsabilidad ambiental
El MARM ha recordado al CAMA que la Ley de Responsabilidad Medioambiental obliga a los operadores de determinadas actividades económicas y profesionales a constituir una garantía financiera que les permita hacer frente a los daños medioambientales que puedan causar. Esta Ley dispone que mediante orden ministerial se determine para cada sector de actividad la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de dicha garantía.
En este sentido, el MARM ha informado sobre el proyecto de Orden Ministerial que establecerá un calendario gradual y el orden de prioridad para la elaboración de las órdenes ministeriales sectoriales a partir de las cuales será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria que establece la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Estos plazos previstos permitirán a los sectores disponer de un tiempo suficiente para la elaboración de los correspondientes análisis de riesgos sectoriales.
Anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados
La MARM ha informado al CAMA que la nueva política de residuos deberá orientarse conforme al principio de jerarquía y garantizar la protección de la salud humana y del medio ambiente, maximizando el aprovechamiento de los recursos y minimizando los impactos de su producción y gestión.
Con el nuevo texto elaborado por el MARM se moderniza el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos, sistematizando y clarificando obligaciones y simplificando trámites administrativos, de modo que se garantice la trazabilidad en las operaciones de gestión. Se clarifican, asimismo, las competencias de las entidades locales en relación con los residuos generados en los municipios. Por primera vez se incorporan explícitamente los conceptos de fin de la condición de residuo y de subproducto, facilitando el aprovechamiento de los recursos y suprimiendo cargas innecesarias.
El nuevo texto obliga a las Administraciones Públicas a elaborar programas de prevención de residuos y a elaborar planes y programas de gestión en el ámbito de sus respectivas competencias.
Por lo que respecta a suelos contaminados, se mantiene el régimen aplicable a los suelos contaminados de la Ley 10/1998 de residuos, y se matizan, entre otros, aspectos relacionados con la responsabilidad de la contaminación de los suelos. El nuevo texto refuerza las funciones de vigilancia, inspección y control, en consonancia con la supresión de determinadas autorizaciones y su sustitución por comunicaciones. Asimismo se ha clarificado y completado el régimen sancionador.
Entre otros aspectos que se han tratado en el CAMA se encuentran el proyecto de orden para la modificación del Real Decreto que regula la gestión de los aceites industriales usados debido a los cambios producidos en el Reglamento comunitario 948/2009. También se han analizado los resultados del Acuerdo de Cancún en relación con la negociación internacional para la lucha contra el cambio climático.
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