CSIF EXIGE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO, LA PRÓRROGA DE LA JUBILIACIÓN LOE Y LA CONTINUIDAD DE MUFACE

24 de enero de 2011

CSIF exige la prórroga de la Jubilación anticipada LOE para los docentes a los 60 años de edad y muestra su rotundo rechazo al retraso de la edad de jubilación a los 67 años de edad. Las recientes manifestaciones del Ministro de Educación acerca de la posibilidad de prorrogar  un año la jubilación anticipada, a pesar de considerarla insuficiente, exigimos que se aclare esta situación lo antes posible para no crear expectativas falsas entre los docentes en un tema muy sensible entre el profesorado.

                En lo concerniente a la Oferta de Empleo Público, CSIF, firmante del sistema transitorio de acceso en vigor desde 2006 y que verá este curso su última convocatoria, va a exigir al Ministerio de Educación y a todas las Comunidades Autónomas que convoquen oposiciones de acceso a la función pública docente. La no convocatoria de las plazas necesarias conllevaría un incremento de profesorado interino, con el consiguiente aumento de la precariedad en el empleo y la inestabilidad en las plantillas de los centros y sus repercusiones en la calidad de la educación.
                Como es de todos conocido, CSIF viene denunciando desde hace tiempo el peligro de desaparición en que se encuentra MUFACE, debido tanto a la voluntad política del Gobierno Central. Como ha demostrado CSIF las aportaciones del Estado a MUFACE son un 46% inferiores a las que destina al Sistema General de la Seguridad Social. Esta situación se ha agravado este año con la reducción de la aportación en los Presupuestos Generales del Estado con respecto a 2010 lo que complicará todavía mas la prestación de un servicio adecuado y acelerará la quiebra del sistema. CSIF no se cansará de demandar un aumento hasta que el sistema sea viable para dar el servicio que nos merecemos los funcionarios como altos servidores del Estado.
                CSIF rechaza contundentemente las medidas adoptadas por el Gobierno a través del Real Decreto Ley 13/2010 de 3 de Diciembre, que establece que los nuevos funcionarios ya no cotizarán a clases pasivas, sino al Régimen General de la Seguridad Social, lo que supone un nuevo recorte de los derechos laborales de los docentes.

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