El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que establece el régimen jurídico y los procedimientos para que las agencias de colocación puedan colaborar con los Servicios Públicos de Empleo en la intermediación, preservando el carácter público de la misma.
La regulación de las agencias de colocación tiene por objeto mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo mediante una más eficaz coordinación entre agentes públicos y privados de intermediación, fomentando así mayores oportunidades de acceso a un puesto de trabajo de las personas desempleadas.
Esta decisión viene precedida del refuerzo del Servicio Público de Empleo con 3.000 promotores de empleo, 1.500 nuevos que se incorporarán en febrero, junto a la prórroga de la contratación de los 1.500 que trabajan ya desde 2008, para ofrecer una mejor y más personalizada atención a las personas desocupadas.
Con esta regulación se pretende disponer de agencias de colocación potentes y eficaces que contribuyan, junto con el fortalecimiento del Servicio Público de Empleo, a casar ofertas y demandas laborales de forma más efectiva.
UN SERVICIO GRATUITO PARA LOS TRABAJADORES
Las agencias de colocación podrán ser públicas o privadas, e intermediarán con los Servicios Públicos de Empleo a través de la firma de convenios de colaboración o de forma autónoma pero en coordinación con ellos.
Su funcionamiento deberá ser autorizado por el Servicio Público de Empleo Estatal o por el servicio equivalente de las comunidades autónomas, en función de la ubicación del centro o los centros desde los que desarrollen su actividad.
Los servicios que presten dichas agencias serán gratuitos para los trabajadores, deberán atender a todas las personas desempleadas y respetarán la igualdad de trato y no discriminación en el empleo. Podrán realizar actividades de intermediación laboral, orientación, información profesional y selección de personal.
El incremento del desempleo en los dos últimos años requería una mejora en el funcionamiento de la puesta en contacto de las ofertas laborales de las empresas con los trabajadores que buscan una colocación. La mejora de la intermediación laboral es uno de los ejes de la reforma de las políticas activas de empleo junto a la orientación y el reciclaje profesional de personas ocupadas y desempleadas.
De esta forma, el Gobierno da cumplimiento al plazo marcado en la Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, aprobada en el mes de septiembre, pero también responde a la necesidad de ofrecer a las personas en desempleo más posibilidades de acceder a un puesto de trabajo.
Esta decisión viene precedida del refuerzo del Servicio Público de Empleo con 3.000 promotores de empleo, 1.500 nuevos que se incorporarán en febrero, junto a la prórroga de la contratación de los 1.500 que trabajan ya desde 2008, para ofrecer una mejor y más personalizada atención a las personas desocupadas.
Con esta regulación se pretende disponer de agencias de colocación potentes y eficaces que contribuyan, junto con el fortalecimiento del Servicio Público de Empleo, a casar ofertas y demandas laborales de forma más efectiva.
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Las agencias de colocación podrán ser públicas o privadas, e intermediarán con los Servicios Públicos de Empleo a través de la firma de convenios de colaboración o de forma autónoma pero en coordinación con ellos.
Su funcionamiento deberá ser autorizado por el Servicio Público de Empleo Estatal o por el servicio equivalente de las comunidades autónomas, en función de la ubicación del centro o los centros desde los que desarrollen su actividad.
Los servicios que presten dichas agencias serán gratuitos para los trabajadores, deberán atender a todas las personas desempleadas y respetarán la igualdad de trato y no discriminación en el empleo. Podrán realizar actividades de intermediación laboral, orientación, información profesional y selección de personal.
El incremento del desempleo en los dos últimos años requería una mejora en el funcionamiento de la puesta en contacto de las ofertas laborales de las empresas con los trabajadores que buscan una colocación. La mejora de la intermediación laboral es uno de los ejes de la reforma de las políticas activas de empleo junto a la orientación y el reciclaje profesional de personas ocupadas y desempleadas.
De esta forma, el Gobierno da cumplimiento al plazo marcado en la Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, aprobada en el mes de septiembre, pero también responde a la necesidad de ofrecer a las personas en desempleo más posibilidades de acceder a un puesto de trabajo.
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