Marruecos controla desde 1975 el territorio del Sáhara Occidental donde emplazó miles de tropas. A inicios del mes de octubre de este año, entre 10 000 y 20 000 Saharauis habían salido de la ciudad principal El Aaiún y se instalaron en un campamento fuera de la ciudad en una acción de protesta pacífica masiva. La fuerza pública marroquí desmanteló el campamento, lo que resultó en una ola de violencia entre ejército y policía marroquí y los Saharauis. Aún no se sabe exactamente cuántos muertos y heridos cayeron durante las confrontaciones. Diferentes organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación sobre la situación de los numerosos manifestantes detenidos durante y después de la protesta.
La ONG internacional Oxfam, Intermón Oxfam en España, deplora la falta de voluntad política y acción de la comunidad internacional en su reacción ante la violencia reciente y las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental. Las informaciones contradictorias sobre la violencia en la región demuestran la necesidad de organizar una investigación independiente para tener claridad cuanto antes sobre los hechos ocurridos en las últimas semanas en el Sáhara Occidental.
“La falta de acción de la comunidad internacional puede generar una deterioración de la situación. Pedimos una investigación independiente de los hechos en el Sáhara Occidental”, comenta la portavoz de Intermón Oxfam, Helena Vidal-Folch. “También es importante que Marruecos garantice el acceso a la zona para que organizaciones locales e internacionales puedan evaluar la situación y las necesidades.”
Mientras tanto, la Misión de las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental, MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), no ha podido informar sobre los acontecimientos trágicos. En efecto, el mandato de la misión de paz no le permite monitorear la situación de los derechos humanos, una demanda repetidamente formulada por Oxfam y organizaciones de derechos humanos. Esfuerzos para ampliar el mandato de la MINURSO han sido sistemáticamente bloqueados por los aliados de Marruecos en el Consejo de Seguridad, particularmente Francia.
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