CONFERENCIA DEL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN LA “TRIBUNA DE LAS AUTONOMÍAS” DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS: “ASTURIAS EN EL NUEVO MILENIO”

 Por

Vicente Álvarez Areces

Presidente del Principado de Asturias

Les agradezco su amable invitación a esta “Tribuna de las Autonomías”, con la cual la Real Academia quiere plantear una reflexión sobre la evolución del Estado Autonómico en nuestro país y los desafíos planteados por un contexto internacional marcado por las consecuencias de la primera crisis financiera de la globalización.

En esta conferencia trataré de expresar mi opinión sobre ese proceso en la Comunidad autónoma de Asturias durante  las tres últimas décadas, sin eludir mi punto de vista sobre el actual debate que hay en la sociedad española sobre una posible revisión del modelo de Estado por parte de significados miembros de la derecha y de fuerzas políticas nacionalistas, tomando como pretexto la reducción del gasto público y reclamando  diversas medidas como la concentración de administraciones públicas, desde los ayuntamientos a las comunidades autónomas; la posible devolución de competencias en base al argumento de que reducir instancias de poder político supondrá de forma automática la reducción del gasto público. Una ecuación excesivamente simple, escasamente fundamentada y que va contra la evidencia del balance positivo que ha significado el despegue económico de la España democrática, a partir de la Constitución de 1978. Es obvio que el debate sobre la eficiencia del gasto está abierto y debe abordarse sin dilación, pero lejos de caer en la trampa del “despilfarro incontrolado” de CCAA y Ayuntamientos, argumento tan falso como cargado de oportunismo.

De la misma manera que se apela a la necesidad de reducir instancias de decisión política podría apelarse a la reducción de derechos ciudadanos o de servicios públicos, y creo que, en el fondo, esto es lo que realmente se está pidiendo. Se ataca al sistema “per se”, cuando debería enfocarse antes la atención sobre las medidas reales que hay que abordar en un contexto de austeridad y reducción de ingresos por parte de las Administraciones Publicas y agentes sociales, económicos y financieros, buscando soluciones coparticipadas más que culpabilidades atribuidas a intereses electorales inmediatos.

Tras más de tres décadas de desarrollo de la España democrática debemos estar orgullosos del Estado social y descentralizado construido entre todos a partir del desarrollo constitucional. La Constitución de 1978 dio solución a viejos problemas de nuestro país, que históricamente se habían solventado por la vía de imposiciones ajenas al diálogo y el consenso.

La nueva articulación de la España plural  ha permitido superar agravios históricos y construir una solidaridad interterritorial, hasta entonces inexistente en nuestro país.

Además de cuestiones tan relevantes para la convivencia como la aconfesionalidad del Estado, la Constitución recogió mandatos a los poderes públicos que son especialmente significativos en la actual situación de crisis, como el derecho de los españoles al trabajo y a una remuneración suficiente o a una vivienda digna.

La labor desarrollada durante los años ochenta para asegurar la universalización de los derechos a la salud, a la educación y a las pensiones es un hito de indudable trascendencia en nuestra historia. La universalización de estos derechos, junto con el más reciente dado por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, son el acontecimiento histórico de mayor calado y alcance para nuestra sociedad junto con la descentralización del poder político a través de las diecisiete Comunidades Autónomas, con cámaras legislativas que nos convierten en referencia  al ser uno de  los países más descentralizados de Europa.

La descentralización política que tuvo España durante el periodo democrático, dando lugar a un modelo de Estado de las Autonomías totalmente positivo para la convivencia y la representación política de la España plural, así como la gestión descentralizada de los servicios públicos  esenciales del Estado del Bienestar constituyen el eje de nuestro Estado social y democrático de derecho y sería un error mayúsculo ponerlo en cuestión en estos momentos. Su desarrollo, paralelo a nuestra participación activa en la construcción europea, nos ha proporcionado la etapa de mayor crecimiento económico y bienestar social de la historia reciente. Hasta el punto de situarnos entre los países del mundo con mejor calidad de vida. Así lo constata el último Informe sobre el Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que sitúa a España en el puesto 20, por detrás de Dinamarca, y un puesto más adelante que en 2005. España es el vigésimo cuarto país del mundo que más ha evolucionado en los últimos treinta años (entre 1980 y 2010), convergiendo con los niveles de desarrollo de países de nuestro entorno (como Dinamarca, Bélgica o Francia) y superando a Italia (puesto 23) y Reino Unido (26).

No podemos perder de vista esta realidad. Pese a la importante incidencia de la crisis financiera y económica internacional en la economía española, la organización política y social que hemos desarrollado durante los últimos treinta años ha demostrado su eficacia y un gran potencial para impulsar el crecimiento, la equidad y el bienestar. El reto ahora es dar una respuesta coordinada desde  el conjunto de la arquitectura del Estado, para afrontar los ajustes y las políticas que nos permitan salir de la actual situación mas fortalecidos y con un nuevo modelo de crecimiento que origine una economía mas competitiva  y mantenga los derechos sociales que se han conseguido.

Las ultimas declaraciones de lideres políticos como Mariano Rajoy en el PP, o Joseba Egibar en el PNV  tratan de confundir, de forma muy interesada, el debate sobre las medidas a tomar en respuesta a la crisis con planteamientos políticos en los que orientan el debate hacia una descalificación del modelo de Estado en su propio beneficio, lanzando un señuelo en el que intentan provocar una verdadera confusión identificando las medidas de austeridad y control del gasto con la revisión del Estado Autonómico, supuestamente para evitar un despilfarro que nos llevaría a la quiebra. Tratan de eludir que son hoy las CCAA las que tienen la mayor responsabilidad de financiar las políticas públicas ligadas al Estado del bienestar en un contexto de escasez de recursos y minoración de ingresos para poder sostenerlos.

Esa postura no es exclusiva del PP sino que también la comparten otras fuerzas políticas nacionalistas y, por poner un ejemplo muy reciente, me gustaría leerles lo que decía el Sr. Egibar en una entrevista en Público el 31/10/2010:

“…Si nos acercamos a un escenario de cierre del Estatuto, abordaremos otra situación, de prolongación o superación. Y ahí se impone el debate del actual modelo autonómico, que ya se está demostrando (lo dice el Banco de España y otras instancias), lleva a la quiebra del Estado Español. Salvo Euskadi y Navarra, el resto de Autonomías dependen de los presupuestos Generales del Estado. Hay una quiebra del modelo, pero también puede convertirse en una oportunidad para el Estado, si quiere entrar en un debate a fondo, para buscar un ámbito en el que se respeten las distintas naciones contenidas en el Estado: la catalana, la gallega, la vasca y la propia española. Ese es el nuevo desafío”.

Es evidente que aprovechando la coyuntura de la actual crisis el Sr. Egibar quiere llevar el agua a su molino como también la quiere aprovechar el Sr. Rajoy cuando pone al Sr. Cameron de referente reformista para lo que él quiere hacer en España si llega a gobernar.

Desde mi punto de vista quiero transmitirles la idea de que determinados errores o abusos en el desarrollo del sistema autonómico no lo invalidan en modo alguno. El sistema es útil y efectivo para nuestra sociedad aunque puedan darse determinadas actitudes que debemos de criticar y corregir.

Creo que, desde sectores bien identificados de la derecha política y de algunas fuerzas nacionalistas, se intenta aprovechar esta actual coyuntura política para exhibir sus propias propuestas como ejemplo de intervención para restringir el gasto público y de paso plantear la alteración del actual modelo de desarrollo autonómico, calificándolo de despilfarrador o innecesario, con el grave riesgo que eso supone para el interés general de nuestro sistema democrático cuando en realidad deberíamos de abrir un debate sereno y  corresponsable  sobre como afrontar la sostenibilidad del Estado del Bienestar en España y Europa, en un contexto de crisis aportando soluciones a través de Pactos de Estado sobre sanidad, políticas sociales o planteamientos de reformas fiscales que provoquen un reequilibrio de nuestra presión fiscal, alejada en mas de 6 puntos porcentuales del promedio europeo.

Es cierto que determinadas prácticas burocráticas y administrativas, tanto en la administración como en las empresas son una carga para la competitividad y la eficiencia. En el plano de las administraciones públicas contamos con suficientes instrumentos para eliminarlas o reducirlas, y no es precisamente la privatización de servicios la más positiva.

Asturias, en este último cuarto de siglo, puede ser un buen referente de cómo cambiar un modelo productivo obsoleto por otro más competitivo sin poner en cuestión elementos sustantivos del modelo de Estado y manteniendo con lealtad institucional una estrecha cooperación con el Gobierno de España, sin falsos dilemas identitarios. Es más, cuando en los años 1995-1999 se fracturó esa cooperación Asturias fue un buen ejemplo de lo que no debe hacerse desde una perspectiva institucional, sin comunicación alguna de los gobiernos de Asturias y de España y con un deterioro evidente en la acción de gobierno, que provocó un fuerte rechazo en los ciudadanos, perplejos ante aquella pugna partidista que condujo a un deterioro evidente no sólo de la vida política e institucional; también de la economía.

A lo largo de mi experiencia de gobierno, primero como Alcalde de Gijón desde 1987, y desde 1999 como Presidente del Principado, he trabajado en la línea de tener unas administraciones representativas en lo político y favorecedoras de una economía competitiva, desarrollando instrumentos como la innovación tecnológica y procesos de modernización en las administraciones local y regional, impulsando asimismo la creación de consorcios y agrupamiento voluntario de municipios para concentrar esfuerzos de gestión y reducir costes en la prestación de servicios.

Así, los consorcios, en los que está presente el Gobierno del Principado de Asturias junto los concejos asturianos, garantizan una gestión eficiente en la prestación de servicios de competencia municipal. En Asturias, el más antiguo, el Consorcio de Aguas de Asturias CADASA es un modelo de gestión publica en el tratamiento en el ciclo integral del agua y de gestión conjunta desde instancias publicas de este preciado recurso; en los años 80 se creo el  Consorcio para la gestión de los Residuos Sólidos  Urbanos COGERSA que aborda ahora el nuevo reto de instalar una nueva planta de valorización energética antes de 2015; la Junta de Saneamiento, organismo autónomo en el que también están representados los ayuntamientos, coordina desde el año 2000 la gestión, mantenimiento y explotación de instalaciones e infraestructuras de tratamiento y depuración de aguas; el Consorcio de Transportes, fue creado en 2002 para la integración del transporte urbano, interurbano y el transporte ferroviario, mediante el acuerdo del Gobierno del Principado con las  distintas empresas operadoras y los ayuntamientos. Igualmente contamos desde hace 25 años con la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, una sociedad publico-privada  que  desarrolla políticas de ordenación del territorio, vivienda y suelo industrial de las administraciones autonómica y local, y ha permitido urbanizar nuevo suelo industrial y residencial de calidad a precios accesibles para empresas y promotores. En 2003 creamos el Ente Público de Servicios Tributarios, para facilitar y mejorar el servicio de recaudación de los tributos municipales y autonómicos. Y a través del Consorcio Asturianos de Servicios Tecnológicos, creado en 2007, avanzamos en la incorporación de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes a la sociedad del conocimiento y la Administración Electrónica.

Los resultados positivos de esta política de colaboración entre administraciones para  la prestación de servicios quedan patentes en los resultados de la encuesta realizada por el CIS y el Observatorio de la calidad de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, y recogidos en el informe “Agenda pública y satisfacción con los servicios públicos de España”:  Asturias es la Comunidad autónoma donde los ciudadanos presentan un mayor grado de satisfacción con el funcionamiento de los transportes públicos, el servicio de recogida selectiva de residuos y con el número de puntos de acceso a Internet en su localidad. Además, Asturias es la segunda comunidad con mayor porcentaje de ciudadanos satisfechos por la calidad de las aguas (por detrás del País Vasco), liderando asimismo la satisfacción ciudadana en sanidad y de educación.

De todo lo descrito, podemos concluir que la pequeña dimensión de algunos ayuntamientos no es obstáculo para dar respuestas eficaces a la prestación de servicios que demandan los ciudadanos utilizando fórmulas asociativas o consorciadas.

Asturias: una década especialmente provechosa.

El proceso de descentralización que puso en marcha nuestra Constitución ha convertido a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales en el marco de referencia más inmediato y habitual de los ciudadanos. En general, tanto Ayuntamientos como Diputaciones y Comunidades Autónomas han actuado con responsabilidad y sentido de Estado, y no hay por qué tener dudas de que lo seguirán haciendo en el contexto actual.

La construcción del Estado autonómico ha tenido resultados muy positivos también para Asturias. Desde que en junio de 1999 el PSOE volvió a tener en Asturias la responsabilidad de gobierno, dimos un impulso decisivo al desarrollo estatutario y al acercamiento de los servicios públicos a las necesidades de todos los asturianos.

La asunción de 23 nuevos traspasos no sólo ha supuesto que la Administración pública asturiana pasase en una década de tener 6.000 empleados públicos a 36.000 y más capacidad presupuestaria. Ha supuesto, ante todo, una capacidad decisiva de influir en un modelo de desarrollo económico sostenible e integrador, así como en la mejora de las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, tanto en las zonas urbanas como en el medio rural.

Tendré ocasión de ampliar detalles más adelante.

Ahora quiero destacar el papel que las comunidades autónomas  desempeñamos en la articulación del Estado y la promoción exterior de nuestro país desde posiciones de total cooperación y respeto hacia la competencia que tiene el Gobierno de España en la representación Exterior

Las comunidades autónomas tenemos una importante responsabilidad en la construcción del Estado, y Asturias ha participado estos años con plena responsabilidad y compromiso, superior quizá a lo que nos correspondería por población o riqueza, pero acorde con la fuerza de nuestra acción política.

No dudamos en mantener una posición firme para exigir, primero, un cambio en el modelo de financiación autonómica aprobado en diciembre de 2001 en el contexto del traspaso de las competencias de sanidad. Y, también, para que el nuevo modelo atendiese a la existencia de diferencias en el coste unitario de prestación de los servicios públicos derivado de variables tales como la población, la dispersión y condiciones orográficas, o el envejecimiento.  En él han quedado recogidas nuestras principales demandas: las variables del envejecimiento y dispersión de la población, así como la población dependiente.  La actual crisis es cierto que no permite visualizar los efectos positivos del modelo actual al disminuir los ingresos de todas las administraciones públicas del Estado pero el avance ha sido positivo y se verá más nítidamente cuando vaya remontando la actual situación.

Otro aspecto que fortalece la concepción  del Estado emanada de nuestra actual Constitución  es la participación de las comunidades autónomas en el proceso de construcción europea.

Un importante resultado del trabajo que hemos desarrollado en Europa fue, por sus consecuencias prácticas para muchas regiones españolas y europeas, la conocida como “Declaración de Oviedo de las Regiones de Efecto Estadístico”, que tuvo un efecto directo en la aprobación de las normas que rigen el reparto de Fondos Estructurales y de Cohesión en la UE en el período 2006-2013, garantizando un período transitorio en el ajuste de la asignación de dichos fondos para las regiones que dejaban de pertenecer al objetivo de convergencia tras la gran ampliación de 2004.

En estos últimos 11 años, Asturias ha intensificado su participación al más alto nivel institucional en diversas instancias y organismos europeos, situando algunas de nuestras políticas como referencia para otras regiones y estrategias europeas.

El trabajo de cooperación con otras regiones europeas llegó a su máxima expresión con la responsabilidad de la Presidencia de la Comisión Arco Atlántico de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas, entre 2006 y 2008, planteando importantes aportaciones al diseño de la política marítima integrada europea y la propuesta de una estrategia marítima integrada para el Atlántico. Propuesta que he tenido ocasión de volver a defender dentro de los actos del III Día Marítimo Europeo, celebrado por primera vez en España, el pasado mes de mayo en Gijón, durante el periodo de Presidencia española.

En el Comité de las Regiones llevamos a cabo una importante presencia institucional y aprobamos, entre otros, dos significativos dictámenes, de gran relevancia para influir en temas de gran incidencia y actualidad en la normativa europea: Los dictámenes sobre “Ayudas de Estado de finalidad regional” y  el más reciente “Evaluar el progreso más allá del PIB”, contribución al debate abierto en la Unión Europea sobre la necesidad de utilizar nuevos indicadores medioambientales y sociales que complementen el meramente económico del PIB, con el objetivo de permitir una mejor medición del progreso de las sociedades y por ende, para facilitar la adopción de mejores decisiones en las políticas comunitarias de cohesión y desarrollo regional.

Hemos trabajado igualmente de manera muy estrecha con el Gobierno de España para avanzar en una propuesta que en 2006 tuve ocasión de promover desde la Presidencia de la Comisión del Arco Atlántico: la creación de redes intraeuropeas de transporte marítimo-terrestre.

Tras varios años de esfuerzos y gestiones conjuntas, se alcanzó un acuerdo entre los gobiernos de España y Francia. El pasado 16 de septiembre se inauguró oficialmente un nuevo servicio de transporte intermodal entre Gijón y Nantes, la primera autopista del mar entre España y Francia,  que convierte el mar en puente de una relación comercial y turística fluida entre ambos países.

Además, esta primera autopista del mar entre España y Francia ha sido seleccionada por la Comisión Europea como una de las 9 infraestructuras fundamentales de los nuevos corredores logísticos continentales que tiene el sello Green Corridor (o “pasillo verde”).  Un pasillo verde que establece el uso de la autopista del mar como la forma más sostenible en términos económicos y medioambientales para transportar mercancías entre Lisboa, Madrid y París y Europa Central, incluyendo el Benelux y la cuenca del Ruhr, en Alemania, un espacio que abarca más de 165 millones de habitantes.

De esta manera, estamos contribuyendo a una Europa más cohesionada y con mayores fortalezas para superar la actual crisis económica.

Una crisis que nos ha demostrado que, ante la caída del consumo local, son las economías más internacionalizadas las que más posibilidades tienen de recuperar el crecimiento. Las comunidades autónomas hemos multiplicado la presencia exterior de nuestro país durante las últimas décadas. Con bastante acierto, todos los gobiernos autonómicos hemos respaldado institucionalmente las actividades comerciales en el exterior de las pequeñas y medianas empresas de nuestras comunidades, que, sin este apoyo, hubiesen encontrado serias dificultades para abrir nuevos mercados.

Desde el año 2000 y a hasta la fecha, he encabezado 16 viajes institucionales a 22 países, en los que han participado centenares de empresas e instituciones asturianas. En una década, se ha duplicado el número de empresas asturianas exportadoras y, fundamentalmente, se han diversificado los destinos de sus exportaciones, incrementándose las ventas a India y China, América del Norte, al conjunto de América Latina y en Oriente Medio y Próximo. Y también en diversos países del continente africano. Es decir, las comunidades autónomas han sido un importante instrumento para la internacionalización de las empresas españolas y también para reforzar la marca España en países de diversos continentes.

Asturias, ejemplo de diálogo social y servicios públicos.

Asturias ha vivido en estos años una profunda transformación, por otra parte, totalmente necesaria para superar las crisis provocadas por las fuertes reconversiones de sus sectores productivos tradicionales en las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo.

No es algo que haya hecho el Gobierno autonómico en solitario.

La colaboración con los Ayuntamientos y el Gobierno de España, y los acuerdos con empresarios y  sindicatos mayoritarios a través del diálogo social, permitieron impulsar un modelo de crecimiento sostenible basado, en la mejora de la productividad, la diversificación y modernización económica, la innovación tecnológica, la cualificación del empleo,  la incorporación de las actividades de investigación e innovación a la estrategia productiva de las empresas, y la incorporación de las pequeñas y medianas empresas a nuevos mercados, dentro de un ambicioso programa de internacionalización comercial que nos permite ser la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento de las  exportaciones entre enero y agosto de este año: un 35,63%, frente al 16,99% de la media de España.

En paralelo, hemos articulado los instrumentos públicos para la cohesión social y territorial, para que en cualquier lugar de nuestra comunidad puedan surgir iniciativas emprendedoras y para que toda la ciudadanía tenga acceso a unos servicios públicos de calidad, a una vivienda digna y a la protección social.

En un periodo en que unas comunidades autónomas estaban facilitando la urbanización residencial de la costa, en Asturias optamos por proteger el litoral de la presión urbanística y garantizar el disfrute público de los espacios costeros. El Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), que impide la construcción a una distancia inferior a los 500 metros de la costa, ha resultado decisivo para ofrecer un paisaje abierto y accesible mediante una red de sendas entre las playas y los 232 núcleos costeros. Asturias tiene la costa mejor conservada de España. Asimismo, nuestra planificación urbanística en el resto del territorio fue rigurosa y equilibrada, eludiendo en todo momento las presiones producidas por el boom inmobiliario de los años previos a la crisis. Hoy, disfrutamos del beneficio de nuestra política acertada referida al suelo y a la vivienda.

También hemos recuperado los ríos y espacios naturales alterados por las actividades mineras e industriales. Estamos dotando con una ambiciosa red de saneamiento integral todo nuestro territorio, para lo que contamos con el apoyo del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, que supone una inversión estimada de 582 millones de euros hasta 2015, a financiar entre los gobiernos autonómico y central. Ese Plan no sólo tiene efectos ambientales positivos sino que afecta a numerosos pueblos y villas para implantar políticas de desarrollo rural que ayudan a la fijación de población en ese medio.

Promovimos la creación de suelo industrial y empresarial en la mayoría de municipios, para facilitar el asentamiento de nuevas iniciativas en todo el territorio y potenciar los recursos locales. Desde el año 2000 se finalizaron 48 parques empresariales y este 2010 financiamos el inicio de otras 27 actuaciones, dentro del compromiso de actuar en esta legislatura sobre 14 millones de metros cuadrados.

Con estas políticas, creamos las condiciones competitivas para la diversificación productiva y el emprendimiento empresarial, a la vez que invertimos en mejorar los equipamientos y dotaciones de los servicios públicos.

En febrero de 2000 asumimos las competencias en la enseñanza no universitaria. Desde entonces, la ratio de inversión por alumno en el sistema educativo ha pasado de 2.500 a 6.600 euros (a pesar de la pérdida de 30.000 alumnos, 23.000 en la pública y el resto en la concertada). Esto ha permitido un gran salto cualitativo.

La educación asturiana tiene hoy uno de los mejores resultados en nuestro país: tenemos un índice de fracaso escolar del 14,6% y el promedio de España está en torno al 30%. Y Asturias titula con ocho puntos de porcentaje más en la Educación Secundaria Obligatoria que lo que titulaba hace 10 años; y 11 puntos más en el Bachillerato. Estamos en índices de titulación a niveles europeos, muy por encima del promedio español. Concretamente, en la ESO, en el entorno al 85% y en el Bachillerato en torno al 81%. Desde esta inversión educativa, afrontamos con  más solvencia la salida de la crisis primando la inteligencia y el conocimiento como prioridad para abordar el futuro.

En cuanto a Sanidad, desde el año 2002, cuando se recibieron las transferencias sanitarias, hemos realizado una fuerte inversión para renovar, ampliar y modernizar los equipamientos de la red sanitaria pública, para mejorar las condiciones de trabajo, las retribuciones del personal sanitario, y para la innovación tecnológica. Un porcentaje importante de la inversión se destina a la incorporación de las nuevas tecnologías para mejorar y ganar eficacia en la gestión y la atención al usuario: Desde la cita previa a los servicios de urgencias, casi todo está informatizado en la sanidad asturiana.

La asunción de las competencias nos ha permitido en escasos años desarrollar el sistema sanitario público mejor valorado de nuestro país por los ciudadanos.

Hemos podido afrontar la renovación de toda la red de equipamientos, incorporando nuevos consultorios y centros de salud, ampliando los hospitales cabecera de área sanitaria, y construyendo el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias como el gran centro de referencia de la sanidad pública asturiana del siglo XXI por sus dimensiones, sus planteamientos y sus potencialidades para la innovación tecnológica y el desarrollo de la investigación biomédica. El reto más urgente que tenemos en España en esta materia es el de abordar desde un Pacto de Estado la sostenibilidad de este servicio público esencial, tomando medidas que no estén condicionadas por los próximos escenarios electorales.

El 1 de enero de 2009 se hizo efectivo el traspaso total de las competencias en materia de Justicia. En estos momentos, abordamos un nuevo modelo judicial, más accesible y cercano a los justiciables. Ya hemos solventado graves carencias en los edificios judiciales, invirtiendo en nuevos edificios judiciales y en la modernización tecnológica, orientado todo ello  a facilitar la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial.

Como ven, en Asturias concebimos los servicios públicos como elemento de cohesión social y territorial, que nos permite garantizar el acceso de toda la población, con independencia de sus condicionantes sociales y del lugar en el que viven, a unos servicios de calidad. Esto aporta seguridad al ciudadano, que sabe que dispone de una garantía de servicios y le permite tener mayor disposición de consumo e inversión. Tiene, por tanto, incidencia económica, no sólo social.

El desarrollo de estas políticas de inversión pública y de compromiso con unos servicios públicos de calidad no ha supuesto en el caso de Asturias altos niveles de endeudamiento. Somos la segunda comunidad autónoma con la ratio deuda/PIB más baja de España, con un endeudamiento del 5,7% frente al 9,9% de la media del país, y muy lejos del 16% de endeudamiento que tiene la Comunidad más endeudada.

Hemos sido también corresponsables con las decisiones tomadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para ir reduciendo el déficit publico y así presentaremos en 2011 un presupuesto inferior al de 2010, debido al tope de endeudamiento de 1.3%  sobre PIB, aunque la sanidad, educación y atención a la dependencia siguen demandando financiación creciente para mantener los derechos subjetivos que tienen los ciudadanos reconocidos en leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados.

Sin saltar los márgenes de un endeudamiento contenido hemos podido mantener un importante esfuerzo inversor, avalar el acceso al crédito de empresas que tenían dificultades de circulante, proteger a las personas con escasez de recursos a través de las prestaciones del salario social, y promover la formación de los desempleados.

En el periodo más intenso de la crisis económica Asturias se sitúa como la cuarta comunidad con menor pérdida de empleo de España, con una caída del 6,47%, frente al 9,57% de la media de España. La tasa de paro de Asturias en un 14,29%, es la sexta más baja de España, lejos del nivel de paro de otras Comunidades Autónomas que están muy por encima del 20%.

Proyectos y desafíos de futuro para crear empleo

España y Asturias tienen que seguir incrementando su capacidad competitiva en un mundo cambiante, en el que la innovación en todos los sectores productivos tiene que ser un objetivo de primer orden. Sin competitividad no puede generarse empleo de calidad.

Sin duda, las carencias de formación de la población joven es uno de los grandes desafíos que se plantean en España y, especialmente, en las zonas con mayores tasas de paro, junto con la recuperación de iniciativas inversoras que sustituyan a las que durante tantos años se orientaron a la actividad inmobiliaria.

Los cuantiosos recursos que se destinan a las políticas activas de empleo deben reorientarse hacia cualificaciones distintas que en el pasado, ya que la profundidad de esta crisis origina nuevas desigualdades y el sector residencial y de la obra pública ya no va a ser el principal motor de la reactivación. A través de acuerdos entre el Gobierno de España, las CCAA, los Ayuntamientos y los agentes sociales, hay que reorientar esos recursos que se destinan a escuelas taller, planes de empleo, convenios con corporaciones locales y también para la bonificación de contrataciones, hacia objetivos más adaptados al actual mercado laboral, tratando de incidir en la contratación de jóvenes y parados de larga duración a través de un tratamiento más personalizado desde los servicios públicos de empleo y estableciendo nuevas prioridades.

En Asturias, ya hemos puesto en marcha medidas en esa dirección en los acuerdos de concertación sucesivos que hemos alcanzado en estas tres últimas legislaturas. La crisis internacional no ha parado ninguno de los grandes proyectos públicos y privados que estaban en marcha en Asturias, aunque algunos han sido ralentizados en su ejecución final. Este 2010 se han consolidado los proyectos inversores de grandes empresas multinacionales instaladas en nuestra Comunidad, como el caso de Du Pont, ENCE, Arcelor-Mittal, Indra o Alcoa, garantizando la competitividad de sus factorías asturianas. El sector industrial, en líneas generales, ha aguantado el tirón y muchas compañías ya se han situado en beneficios en un año tan complejo como éste.

En el marco de concertación con empresarios y sindicatos, hemos adoptado una serie de medidas presupuestarias para mantener la actividad económica y el empleo, reforzando los sistemas de protección social, así como impulsando la inversión. El Presupuesto de 2010 recoge una inversión pública superior a los mil doscientos millones de euros para el conjunto del sector público autonómico, dentro del límite de endeudamiento establecido para este año por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Igualmente, trabajamos en las medidas necesarias para que los obligados ajustes presupuestarios no paralicen las grandes infraestructuras de comunicaciones, saneamientos y medio ambiente que Asturias tiene en marcha durante los años 2010 y 2011.

Infraestructuras.

Se está finalizando la gran ampliación de nuestro primer puerto comercial, El Musel, en Gijón, cuyas obras finalizarán el próximo mes de diciembre. En el terreno ganado al mar se está construyendo una planta de regasificación, que facilitará el desarrollo de nuevas infraestructuras energéticas; y se están preparando nuevas terminales para graneles sólidos, graneles líquidos y mercancía general, además de la puesta en servicio de la autopista del mar, antes comentada.

Con este nuevo servicio marítimo y las instalaciones de nuestros dos puertos comerciales, Gijón y Avilés, Asturias está en condiciones de ser una plataforma logística de primer nivel en el Norte de España.

Para ello, hemos proyectado un área empresarial de cuatro millones de metros cuadrados en pleno centro de Asturias, directamente conectada con los puertos y con las Autovías del Cantábrico y de La Plata: la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), distinguida recientemente por la organización del Salón Internacional de la Logística de Barcelona como el Mejor Proyecto Logístico español.

Estas infraestructuras tienen una dimensión supra-autonómica y para que cumplan su objetivo de articulación del comercio y el transporte entre la Península y Francia necesitamos la urgente finalización de dos infraestructuras fundamentales: el trazado de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Asturias y la Autovía del Cantábrico. Trasladamos al Gobierno de España la absoluta prioridad de estas infraestructuras para nuestro futuro y la necesidad de acabarlas cuanto antes, puesto que ya están en la recta final. Su conclusión supondrá el fin del aislamiento de una región periférica que, como Asturias, tuvo en la orografía un hándicap secular para comunicarse con el resto de España y con Europa.

La energía

Un aspecto de singular relevancia para consolidar la recuperación económica y un crecimiento equilibrado y sostenible en los próximos años en nuestro país es la energía. Las empresas, los ciudadanos y las administraciones necesitamos una estrategia energética que aporte la necesaria estabilidad regulatoria para planificar las infraestructuras y las inversiones a largo plazo.

En Asturias hemos planteado una estrategia energética considerando las necesidades del país de disponer de un mix energético variado, orientado a una economía baja en emisiones de carbono y a la seguridad del suministro.

Un mix en el que el carbón autóctono debe cumplir el papel de reserva energética y cuya viabilidad va ligada a las diversas líneas de investigación que en torno a la captura del dióxido de carbono se abrieron en Europa a partir del Protocolo de Kioto. También en Asturias, el INCAR ha desarrollado una tecnología propia que se está poniendo a prueba en la planta piloto de La Pereda (Mieres).

Antes de finales de año, es previsible que en el ámbito de la Unión Europea se adopten decisiones claves para el futuro del carbón autóctono. Para España este es un tema fundamental porque afecta a la seguridad del suministro energético, que depende en gran medida de fuentes externas.

Otro tema que nos preocupa en Asturias es el de la modernización de las redes de transporte de la energía. La evacuación de la energía no es un tema local, ni siquiera de país; afecta al conjunto de la Unión Europea. Es una contradicción que se demanden las interconexiones con Francia y no se resuelvan las que afectan al interior de España, obstaculizadas por presiones locales inaceptables.

En Asturias se ha conseguido que avance la línea eléctrica de 400 kilovoltios entre Soto Ribera y Penagos (en Cantabria) y pueda estar finalizada en el primer trimestre de 2011. Pero seguimos necesitando la ejecución de la línea Lada-Velilla. Son infraestructuras que afectan al conjunto del país y al Plan Energético Nacional.

Por  tanto, hay exigencias ineludibles: una estabilidad regulatoria de la energía y una infraestructura sólida de transporte de la electricidad, que  tienen que ir acompañadas, como es lógico, de la necesaria renovación de un mix energético, respetuoso con las estrategias europeas y también con el medio ambiente.

La sostenibilidad de los servicios públicos.

Necesitamos un Estado participativo y receptivo a las nuevas exigencias sociales, capaz de desarrollar políticas públicas potentes, presupuestariamente bien dotadas, sometidas a evaluaciones constantes y transparentes, y con aspiración de hacer partícipe a toda la sociedad de los beneficios que genera una economía abierta.

Crecimiento económico y gasto social son interdependientes y deben ser compatibles en una Europa que diseña estrategias para el 2020 donde la inclusión social también es uno de sus objetivos.

Creo que las administraciones tenemos tres retos ineludibles e inmediatos con respecto al gasto social: avanzar en una gestión eficiente de los servicios, fomentar que sea un gasto productivo y promover la colaboración y solidaridad interterritorial como principios que han de regir el desarrollo de políticas de cohesión social y la redefinición positiva de los derechos de ciudadanía.

Debemos avanzar hacia una fiscalidad que responda a las necesidades reales de la sociedad, que haga al ciudadano partícipe de las necesidades de financiación y de las políticas de gasto e inversión, y que desarrolle una tributación justa y eficiente.

Es necesario comprometer a los ciudadanos en la sostenibilidad de los servicios públicos, concienciándoles de la necesidad de disponer de sistemas fiscales y tributarios adecuados a la necesidad de gasto, inversión y prestaciones sociales que tienen nuestra sociedad. Conseguirlo exige una máxima transparencia en las políticas de prestación de servicios y de gasto, así como hacer partícipe al ciudadano de las decisiones de gestión. Si los ciudadanos desconocen o tienen dudas acerca del destino de sus tributos será muy difícil exigirles corresponsabilidad a la hora de tributar.

No podemos tampoco aceptar una dinámica de reducción impositiva sistemática que no responda al nivel de ingresos de la administración y a la prestación de servicios que demanda la sociedad.

El compromiso con una gobernanza global.

Estamos en un momento histórico crucial. Con la globalización se han acelerado las transformaciones de todo tipo. Las nuevas tecnologías han reducido las distancias y eliminado muchas barreras a las relaciones humanas, pero han creando otras menos tangibles, que se traducen en grandes brechas (digitales, sociales, económicas, de conocimiento, etc.) Desde la experiencia colectiva que hemos construido en las últimas tres décadas, en España estamos en condiciones de defender la política democrática como necesidad de nuestras sociedades de instrumentar alternativas a las graves consecuencias que para un desarrollo cohesionado tiene la desregulación y la ausencia de control sobre los mercados.

La globalización no es un automatismo; no exige la rendición a las tesis del neoliberalismo económico ni la imposición de las leyes del mercado de una determinada manera. La globalización debe ser un instrumento para una convivencia más equilibrada y consensuada entre personas, países y mercados. Al menos, así lo hemos entendido y así lo hemos aplicado en Asturias. Siempre hemos defendido la responsabilidad del Estado, no sólo como elemento clave para eliminar los desequilibrios que genera el mercado, sino también como garante de una sociedad más justa, sin desigualdades sociales, con capacidad para proteger su medio ambiente y su patrimonio cultural, y para promover un mayor reparto de la riqueza. Una sociedad sin exclusiones, cohesionada y eficiente, que sólo puede construirse desde la racionalidad político-democrática.

No debilitando, sino fortaleciendo al Estado y sus instancias políticas. Es lo contrario de las tesis políticas neoliberales que reivindican el paso “del gran gobierno a la gran sociedad” como anunció el presidente Cameron el pasado 6 de octubre, proclamando a sus seguidores como “los radicales” que “rompen con el viejo sistema con un masivo trasvase de poder del Estado a los ciudadanos, de los políticos a la gente, del gobierno a la sociedad”, adelgazando al Estado para fortalecer al sector privado, y desprotegiendo a las personas desempleadas, a los estudiantes universitarios de renta baja, y recortando las inversiones en educación o vivienda social.

Pese al rotundo fracaso, a las terribles y dolorosas consecuencias de la desregulación neoliberal, que ha causado la pérdida de millones de empleos en el mundo y ha devuelto la pobreza y la exclusión social a las agendas políticas de los países desarrollados, el pensamiento neoliberal sigue actuando en el debilitamiento de los estados, de los sistemas de redistribución de la riqueza y de solidaridad y protección social. Sus tesis son un serio peligro no sólo para los niveles de crecimiento, equidad y bienestar que hemos alcanzado en países como España; también para una gobernanza global que anteponga a los intereses de los mercados financieros las políticas de desarrollo humano, solidaridad, y defensa y promoción de los derechos humanos en todo el planeta.

Desde los propios gobiernos estatales han surgido iniciativas para poner en marcha políticas globales: el Protocolo de Kyoto para la reducción de emisiones de efecto invernadero;  los Compromisos del Milenio de la ONU; el Pacto Mundial para el Empleo de la 98ª Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); las cumbres del G-20, como foro ampliado del G-8… Todos ellos son avances significativos hacia esa necesidad de una gobernanza global que tenga en cuenta también a las naciones y regiones del mundo menos desarrolladas en la solución a problemas comunes a todos, y anteponga, como hemos conseguido hacer durante los últimos treinta y dos años en España, los intereses de los ciudadanos a los de los agentes económicos y financieros de los mercados.