UGT valora el auto dictado hoy por la Audiencia Nacional, por el que plantea al Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad sobre el Real Decreto Ley 8/2010, por el que se recorta un 5% el salario a los empleados públicos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La Audiencia dicta que la citada norma podría vulnerar el derecho de libertad sindical, de negociación colectiva y el derecho de igualdad regulados por la Constitución.
El sindicato considera que el auto, sin prejuzgar la resolución final sobre este conflicto colectivo, apoya los argumentos defendidos por UGT contra el Real Decreto por poner en duda la constitucionalidad del recorte de salarios a los empleados públicos. Asimismo, manifiesta que dicha resolución puede poner en tela de juicio la constitucionalidad de otros conflictos colectivos pendientes de juicio.
UGT valora el auto dictado en el día de hoy por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que plantea formalmente cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre el Real Decreto Ley 8/2010, por el que se recortan un 5% los salarios de los empleados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
La Sala de lo Social da traslado al Constitucional para que éste se pronuncie sobre si la citada norma “ha vulnerado o no el derecho de libertad sindical, regulado en los artículos 7 y 28.1 de la Constitución, en relación con el derecho de negociación colectiva, regulado en el artículo 37.1 de la Constitución, y en relación con el derecho de igualdad”.
UGT considera que el auto de la Audiencia Nacional, sin prejuzgar la resolución final sobre este conflicto colectivo, apoya los argumentos defendidos por el sindicato ante este Real Decreto, como ya dictó este mismo organismo el pasado 7 de octubre, cuando manifestaba sus dudas sobre la constitucionalidad de la redacción dada al artículo que hacía referencia a la rebaja del sueldo de los funcionarios.
Además, el sindicato manifiesta que este auto puede poner en duda la constitucionalidad de otros conflictos colectivos que se encuentran actualmente pendientes de juicio, como son el caso del Banco de España o de Canal Sur.
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