"Me llena de profunda satisfacción la presentación en Asturias de este libro que promueve la Fundación Abogados de Atocha y que permite llevar a cabo una aspiración personal de homenajear y rendir el merecido reconocimiento a un colectivo que ha jugado un papel decisivo en la lucha contra la dictadura franquista y en la conquista de la democracia en España.
Un libro que se debe a la iniciativa de dos investigadores de la historia contemporánea y, más en particular, del movimiento obrero, como son José Gómez Alén y Rubén Vega García, que han conseguido realizar una obra de rigor y a la vez amena y que da voz al testimonio de los protagonistas y las personas cercanas a ellos.
El trabajo desarrollado se presenta en un libro que recupera y reivindica para el presente la dedicación profesional y generosa de los abogados que desde los años 60, y hasta bien avanzada la transición, conjugaron la defensa de los derechos laborales de los trabajadores con la lucha por las libertades desde su profesión jurídica y desde su compromiso ciudadano y político.
también es una aportación necesaria para construir ese patrimonio ético y moral que necesitamos las sociedades democráticas para reconocernos en la construcción de las libertades públicas y la defensa de la política como compromiso con el bien común y los valores claves de la convivencia.
Este libro, además, abre la puerta a futuras investigaciones sobre una historia que, en gran parte, está por hacer y que los españoles nos merecemos como un acto de justicia con los abogados laboralistas, que afrontaron, con un enorme valor y gran generosidad, la defensa de las personas que eran detenidas por reivindicar derechos laborales, sindicales y políticos.
Hay que tener en cuenta que hasta 1963 en España el enjuiciamiento de las personas opuestas a la dictadura se producía ante los tribunales militares, sin posibilidad de una defensa por abogados civiles.
El fusilamiento de Grimau (el 20 de abril de 1963), que fue un escándalo internacional, mayor aún cuando se descubrió que el ponente del juicio no tenía la carrera de Derecho, tuvo como consecuencia la supresión de los consejos de guerra para asuntos políticos, que pasaron a la Justicia Civil con la creación del Tribunal de Orden Público.
La táctica del PCE y posteriormente de CC.OO. de actuar desde dentro de las estructuras del Sindicato Vertical en la representación sindical de las empresas, a la vez que un movimiento reivindicativo de derechos laborales, era un instrumento eficaz de lucha antifranquista.
Y, en paralelo, la represión funcionaba en lo laboral y también lo político, con los instrumentos habituales del régimen: amenazas, detenciones, despidos y condenas en el Tribunal de Orden Publico.
Por eso, el trabajo de los abogados laboralistas, que se definían por su especialización jurídica en los derechos de los trabajadores, les llevó a actuar también en el Tribunal de Orden Publico. Este Tribunal fue, naturalmente sin planteárselo, un elemento aglutinante entre abogados y laboralistas de distintas partes de España, como se refleja en este estudio.
Los coordinadores de este libro han querido presentar seis referentes excepcionales de ese compromiso con la dignificación de las relaciones laborales, la lucha por las libertades públicas y también por la democratización de la justicia. Rafael Bárez, José Federico de Carvajal, Albert Fina, junto con su esposa y compañera de despacho Montserrat Avilès; Alberto García Esteve, Antonio Giménez Pericás y Manolo López, son personalidades enormemente representativas de la lucha no sólo contra la dictadura; también, y fundamentalmente, contra la injusticia social.
De ellos, quizá los más conocidos sean Manolo López, fallecido en 2008, y José Federico de Carvajal, presidente del Senado durante dos legislaturas (1982-1989). Todos ellos han dejado un recuerdo imborrable más allá de sus respectivos ámbitos:
- Albert Fina más allá de Barcelona, como una referencia para el Derecho del Trabajo en nuestro país;
- Rafael Bárez, como el principal promotor en 1987 de la Asociación Xustiza e Sociedade, que presidió hasta su muerte (1996) y sigue siendo hoy una referencia entre los profesionales de la judicatura por su trabajo a favor de la democratización de la administración de Justicia y en la defensa de los derechos humanos;
- García Esteve el abogado antifranquista más relevante en Valencia; y también
- Giménez Pericás, que llegó a ser magistrado en las audiencias de Guipúzcoa y Vizcaya, participó en la fundación del Foro Ermua, y pasó sus últimos seis años de vida marcados por la persecución del terrorismo de ETA, pese a que había participado como asesor en la defensa de los militantes de ETA juzgados en el Proceso de Burgos.
En estas seis semblanzas biográficas quedan resaltados también los grandes acontecimientos que marcaron los años finales del franquismo y los primeros de la transición:
- El estado de excepción entre enero y marzo de 1969 en respuesta a altercados estudiantiles y tras el “suicidio” del estudiante Enrique Ruano cuando se hallaba detenido por la policía.
- En 1970, el proceso de Burgos y el importante IV Congreso de la Abogacía en León, que se pronunció contra las jurisdicciones especiales, por un estatuto de los presos políticos y contra la pena de muerte.
- En 1973, el proceso 1001, cuyas sentencias estuvieron influidas por el atentado mortal sufrido por el Presidente del Gobierno, Carrero Blanco (20 de diciembre de 1973).
- El proceso de los 23, el último gran juicio del TOP, en 1975.
- Las repercusiones de la crisis económica de mediados de los años 70, que desencadenaron un proceso creciente de expedientes de regulación de empleo, despidos y cierre de empresas, coincidiendo con la etapa de mayores movilizaciones políticas en demanda de la amnistía. Multitud de conflictos que obligó a los abogados laboralistas a un enorme esfuerzo en defensa de los trabajadores en todo tipo de asuntos laborales y políticos; asumiendo muchos riesgos, como demostró el terrible atentado en el despacho de Atocha, el 24 de enero de 1977; y
- por supuesto, también la ley de Amnistía, política y laboral, de 1977.
Además, a través de estas semblanzas aparece la referencia a otros muchos laboralistas, abogados cuya generosidad no tuvo límite en su dedicación a la defensa de los derechos de los trabajadores. Abogados que no cobraban (incluso llegaban a aportar parte de su dinero personal para los gastos que generaban algunos procesos); que sobrevivían con el apoyo de los trabajadores y de su trabajo en asuntos de otra índole, y cuya dedicación iba más allá de lo estrictamente laboral: asesoraban en los procesos de negociación colectiva y cuando el juicio tenía un carácter político en el TOP, preparaban la defensa como parte de la lucha por la democracia, de manera tal que convertían el juicio en un proceso contra la dictadura.
Además, muchos colaboraron en otro ámbito de gran importancia para la construcción de la democracia, como fue el movimiento vecinal de la década de los 70.
Semblanzas representativas de la abogacía antifranquista, que yo tengo especialmente cercanas en el caso de Rafael Bárez y de Manolo López, dos de los abogados que también tuvieron que atender a sus propios procesos en el TOP, así como Herrero Merediz y Jorge Margolles en Asturias.
De Manolo López, cuyos apuntes autobiográficos publicados el año pasado con el título “Mañana a las once en la Plaza de la Cebada” son una lectura muy aconsejable y que les recomiendo; hay que recordar que fue defensor y amigo de muchos asturianos,
“López trabajó junto con el abogado gijonés José Ramón Herrero Merediz, condenado bajo los términos de rebelión militar por un tribunal castrense a 14 años de prisión, así como con Manuel García González, «Otones», reconocido luchador antifranquista.
Defendió a Santiago Carrillo, a Horacio Fernández Inguanzo, a Juan Muñiz Zapico, «Juanín»; a Vicente Álvarez Areces y a José Manuel «Pin» Torre Arca, entre otros asturianos, en diversos juicios del Tribunal de Orden Público, el principal instrumento represivo de la actividad sindical y política de la etapa final de la dictadura, que se mantuvo en vigor hasta 1976.”
Manolo había sufrido los “rigores” de la represión franquista mucho antes de dedicarse a la abogacía. En noviembre de 1959 fue detenido y sufrió torturas continuas en la Dirección General de Seguridad durante 5 días y 5 noches. Torturas a las que siguieron 3 años de cárcel.
Empezó a ejercer como abogado en 1967, en el despacho de Antonio Rato, en Hermosilla 20, donde comenzó una nueva etapa de su vida, y una brillante carrera de abogado tanto laboralista como penalista, ya que no sólo actúa en los juzgados de lo social sino también ante el TOP.
1968 es un año clave. Manolo actúa en Galicia defendiendo a estudiantes universitarios represaliados y llevados al TOP por diferentes motivos: asamblea ilegal, atentado a la autoridad, etc. Me encuentro entre sus clientes habituales y en varias ocasiones. Nunca conseguí que me cobrase los honorarios, ni siquiera los gastos.
En 1971 volvió a ser ingresado en la prisión de Carabanchel como consecuencia de la condena de cuatro meses y un día de arresto mayor por haberse negado a defender a Horacio Fernández Inguanzo a puerta cerrada.
En Rafael Bárez tuve a otro amigo excepcional. Manolo López conoció también a Bárez en los tiempos de la Universidad de Santiago y atendió a su defensa en 1975, en el proceso de los 23 de El Ferrol, posiblemente el más importante de los que hubo en el TOP a lo largo de la dictadura por el contexto de conflictividad que lo había causado y por la importancia de las penas solicitadas. También porque entre los abogados defensores de aquel proceso estuvieron algunos de los que más veces se habían enfrentado a los magistrados del TOP: Antonio Rato, José Luis Núñez, Jaime Sartorius, Cristina Almeida, Jaime Miralles, Manuela Carmena…
Nunca faltaron abogados en las prisiones franquistas. Rafael Bárez fue uno más, acusado sin pruebas como responsable de la conflictividad laboral en la Empresa Nacional Bazán (a la que el régimen había respondido con una terrible represión que provocó el 10 de marzo de 1972 la muerte de dos trabajadores, más de cuarenta heridos y cientos de detenidos), fue sometido a duros interrogatorios y encarcelado durante varios meses.
Me alegra poder hoy recordar a Manuel López López y a Rafael Bárez Vázquez, como amigos y luchadores por la libertad, en nombre propio y en el de sus defendidos asturianos, como hombres que representarán siempre una vida de entrega a la causa de los trabajadores, a la lucha por las libertades y por un mundo mejor.
Como la de tantos abogados laboralistas, hombres y mujeres cuyas vidas fueron ejemplo de coherencia personal, de honestidad, de valentía y de generosa entrega y lealtad hacia sus amigos y sus ideales. También representan la pasión sin límites por la Justicia, con mayúsculas.
Pero, volviendo al libro, no es sólo una recopilación de apuntes biográficos. Es un libro que invita a conocer la historia colectiva. A las seis semblanzas biográficas, este libro suma un artículo sobre las fuentes, los archivos y colecciones de documentos y testimonios orales útiles para continuar la investigación de este periodo de nuestra historia. Ofrece, así, una guía de enorme utilidad para los estudiantes de historia y para todas las personas interesadas en rescatar la verdad histórica del periodo final de la dictadura.
Finalmente, la mitad de este denso volumen lo ocupa una selección de documentos representativos de las dificultades que los abogados encontraban para ejercer su trabajo (por ejemplo la carta de Bárez tras su arresto al Decano del Colegio de Abogados –p.655), sobre la incorporación de la mujer a la vida social (en el apartado Mujeres abogadas y lucha por los derechos femeninos, con el destacado artículo de Manuela Carmena –de 1971—, “Ley, unión, divorcio”, p.584) hasta el testimonio en primera persona de Ruiz-Huerta Carbonell sobre el atentado contra el despacho laboralista de Atocha, transcrito del Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias (p.677).
En la elaboración de este libro han tenido un papel destacado tres investigadores de la Universidad de Oviedo (Claudia Barrero Blanco, Irene Díaz Martínez y Carlos Gordon), adscritos a proyectos de investigación financiados por el Gobierno del Principado de Asturias. Creo que es una buena manera de contribuir desde Asturias a recuperar la verdad del pasado reciente de nuestro país.
Ese periodo de la historia de España que nos ha permitido construir una sociedad de libertades y bienestar está repleto de sacrificios, de renuncias, pérdidas, persecuciones, torturas y cárcel. La sociedad tiene una deuda impagable con las personas que encuadradas en los partidos o en los sindicatos, o sin pertenecer a ellos, desde la fábrica, la mina, el astillero, la Universidad o su ejercicio profesional lucharon con la mirada siempre puesta en la conquista de las libertades para todos, en una sociedad más democrática y más justa, siempre al lado de los más desprotegidos y sin pedir nada a cambio. La sociedad, les debe, cuando menos, el reconocimiento por lo que hicieron, un lugar destacado en la memoria histórica y el ejercicio de ese mismo compromiso social de lealtad a los ideales de una convivencia democrática en paz y libertad.
Gracias por su contribución a todos los que han hecho posible este libro, y especialmente a José Gómez Alén y Rubén Vega García por haberle impreso el sello de la historia rigurosa, comprometida con la verdad y, sobre todo, con la justicia."
Vicente Álvarez Areces
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