El ministro argentino de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, dijo hoy, en relación con el operativo bonaerense contra la trata de personas, que esta lucha contra toda forma de explotación lo es contra la esclavitud del siglo XXI, "un flagelo que supone la violación de derechos humanos elementales.
En relación con el operativo de rescate de más de 250 personas que eran sometidas a un régimen de explotación laboral en establecimientos rurales de distritos bonaerenses, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak apuntó que, “desde la sanción de la ley específica contra la trata de personas, en abril de 2008, la tarea que desarrollamos en forma sistemática y coordinada con la Justicia y las fuerzas de seguridad federales y provinciales ha permitido el rescate de más de 1.500 víctimas de uno de los delitos más aberrantes que conforman la trama del crimen organizado transnacional”.
De esa forma, Alak se refirió a los nuevos allanamientos realizados ayer en establecimientos rurales de la provincia de Buenos Aires, de los que informara el Ministerio de Trabajo.
En esos procedimientos, un total de 252 personas que eran sometidas a un régimen de explotación laboral, en condiciones de hacinamiento e insalubridad, fueron halladas y asistidas por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente de la cartera a cargo de Alak, en los partidos bonaerenses de San Pedro y Ramallo, según ratificó el ministro, y precisó que los operativos fueron realizados en conjunto con el Ministerio de Trabajo bonaerense, la Justicia, la Gendarmería nacional y la Policía de la provincia de Buenos Aires.
En el procedimiento realizado en Ramallo, un total de 102 personas fueron rescatadas de una finca en la que eran sometidas a un régimen de explotación laboral.
En el allanamiento, ordenado por el Juzgado Federal de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte; con intervención de la Unidad Funcional de Investigaciones Nº 6, a cargo del fiscal Darío Giagnorio, y efectivos de Gendarmería Nacional, “se constató la presencia de cuatro cuadrillas conformadas por 18 ‘trabajadores’ cada una, aunque, según refirieron los damnificados, en el establecimiento trabajaban más de 200 personas que habrían sido trasladadas por la empresa durante los últimos días”, apunto el ministro.
En tanto, otras 30 víctimas, entre ellas un menor de edad, fueron rescatadas en procedimientos complementarios.
Según el informe de la titular de la Oficina de Rescate, Zaida Gatti, las víctimas serían todas mayores de edad y se encontraban en precarias casillas de chapa, en condiciones de hacinamiento, en tanto la alimentación que les hacía llegar la “empresa” generalmente se encontraba en mal estado, según informaron las víctimas.
Todos los perjudicados, agrega el informe, serían oriundos de Santiago del Estero, quienes aseguraron que hasta hace algunos días también había menores de edad trabajando en el lugar, los que fueron retirados por los cabecillas de cuadrillas y/o capataces.
“Una de las víctimas manifestó que el día de ayer (jueves 06/01) un menor de 14 años que ‘trabajaba’ en el lugar fue retirado por el capataz y se desconocería su paradero”, consignó el informe. La denuncia de las víctimas señala, además, que el capataz “castigaba físicamente” al menor.
Las víctimas añadieron que hace tres días la empresa dispuso baños químicos en el lugar, pero, teniendo en cuenta que su arribo se habría producido a mediados del mes de diciembre, las víctimas habrían realizado sus necesidades fisiológicas “en el campo”, ya que no contaban con baños o instalación sanitaria alguna.
En San Pedro
En tanto, en allanamientos realizados en la Estancia La Esperanza de San Pedro, fueron rescatadas 150 personas que vivían en una misma carpa y trabajaban, también, en graves condiciones de explotación.
De los procedimientos, también ordenados por el juez Villafuerte con intervención del fiscal Giagnorio, tomaron parte, además de funcionarios de la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sus pares del Ministerio de Trabajo bonaerense y efectivos de la DDI San Nicolás de la Policía provincial.
El informe de la Oficina de Rescate señala que las 150 víctimas, que serían oriundas de Santiago del Estero, “trabajaban 12 ó 13 horas por día y vivían en una carpa, sin luz eléctrica y con agua de pozo”. “Los mayores convivían con los menores de edad, que trabajaban a la par de los adultos”, agrega.
Añade que “tenían tres baños químicos al momento de llegar y esta semana les habían agregado tres más”, en tanto “dormían en colchones rellenos con pasto, según refirieron”.
A los trabajadores, indica el informe oficial, se les asignaba un crédito de 25 pesos por día para comer, pero las facturas que dejaban los proveedores enviados por la empresa superaban ampliamente dichos montos.
“Los trabajadores habrían firmado documentos que establecían condiciones que ellos desconocían y eran claramente diferentes al ofrecimiento verbal que les habían hecho los reclutadores”, consigna el informe, y precisa que “muchas de las víctimas (que no saben en su mayoría cuánto debían cobrar) tienen escolaridad mínimas y otras son analfabetas”.
Los allanamientos realizados en San Pedro tienen dos antecedentes cercanos: en sendos procedimientos realizados el 29 de diciembre y el 4 de este mes, el Gobierno rescató a 209 personas que eran explotadas en establecimientos agropecuarios de ese distrito de la provincia de Buenos Aires.
Explotación sexual
En relación a la lucha contra la explotación sexual, otra de las modalidades del delito de trata de personas que el Estado combate en forma sistemática, el ministro Alak recordó que el gobierno argentino promovió en la ONU, junto a Brasil y en representación del Mercosur, la “penalización del cliente, consumidor o usuario de la trata con fines de explotación sexual, así como otras formas de explotación de personas”.
Además, presentó un Proyecto de Resolución sobre Trata de personas en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
La propuesta argentina recibió un significativo respaldo internacional. En ese sentido, la Organización de los Estados Americanos (OEA) incorporó ese tema al Plan de Trabajo del organismo para el Hemisferio Occidental en el período 2010-2012.
Alak agregó, asimismo, que “la Organización de las Naciones Unidas otorgó en mayo último en Viena, durante la reunión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, otro respaldo internacional clave para avanzar en la revisión de las legislaciones y poder establecer la penalización del cliente de la explotación de personas”.
Asimismo, en junio pasado se conoció un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el que se elevó a Nivel Dos la calificación argentina en torno a las mejoras en “los mecanismos gubernamentales” vinculados a la lucha contra la trata de personas y asistencia a las víctimas.
En esos procedimientos, un total de 252 personas que eran sometidas a un régimen de explotación laboral, en condiciones de hacinamiento e insalubridad, fueron halladas y asistidas por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente de la cartera a cargo de Alak, en los partidos bonaerenses de San Pedro y Ramallo, según ratificó el ministro, y precisó que los operativos fueron realizados en conjunto con el Ministerio de Trabajo bonaerense, la Justicia, la Gendarmería nacional y la Policía de la provincia de Buenos Aires.
En el procedimiento realizado en Ramallo, un total de 102 personas fueron rescatadas de una finca en la que eran sometidas a un régimen de explotación laboral.
En el allanamiento, ordenado por el Juzgado Federal de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte; con intervención de la Unidad Funcional de Investigaciones Nº 6, a cargo del fiscal Darío Giagnorio, y efectivos de Gendarmería Nacional, “se constató la presencia de cuatro cuadrillas conformadas por 18 ‘trabajadores’ cada una, aunque, según refirieron los damnificados, en el establecimiento trabajaban más de 200 personas que habrían sido trasladadas por la empresa durante los últimos días”, apunto el ministro.
En tanto, otras 30 víctimas, entre ellas un menor de edad, fueron rescatadas en procedimientos complementarios.
Según el informe de la titular de la Oficina de Rescate, Zaida Gatti, las víctimas serían todas mayores de edad y se encontraban en precarias casillas de chapa, en condiciones de hacinamiento, en tanto la alimentación que les hacía llegar la “empresa” generalmente se encontraba en mal estado, según informaron las víctimas.
Todos los perjudicados, agrega el informe, serían oriundos de Santiago del Estero, quienes aseguraron que hasta hace algunos días también había menores de edad trabajando en el lugar, los que fueron retirados por los cabecillas de cuadrillas y/o capataces.
“Una de las víctimas manifestó que el día de ayer (jueves 06/01) un menor de 14 años que ‘trabajaba’ en el lugar fue retirado por el capataz y se desconocería su paradero”, consignó el informe. La denuncia de las víctimas señala, además, que el capataz “castigaba físicamente” al menor.
Las víctimas añadieron que hace tres días la empresa dispuso baños químicos en el lugar, pero, teniendo en cuenta que su arribo se habría producido a mediados del mes de diciembre, las víctimas habrían realizado sus necesidades fisiológicas “en el campo”, ya que no contaban con baños o instalación sanitaria alguna.
En San Pedro
En tanto, en allanamientos realizados en la Estancia La Esperanza de San Pedro, fueron rescatadas 150 personas que vivían en una misma carpa y trabajaban, también, en graves condiciones de explotación.
De los procedimientos, también ordenados por el juez Villafuerte con intervención del fiscal Giagnorio, tomaron parte, además de funcionarios de la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sus pares del Ministerio de Trabajo bonaerense y efectivos de la DDI San Nicolás de la Policía provincial.
El informe de la Oficina de Rescate señala que las 150 víctimas, que serían oriundas de Santiago del Estero, “trabajaban 12 ó 13 horas por día y vivían en una carpa, sin luz eléctrica y con agua de pozo”. “Los mayores convivían con los menores de edad, que trabajaban a la par de los adultos”, agrega.
Añade que “tenían tres baños químicos al momento de llegar y esta semana les habían agregado tres más”, en tanto “dormían en colchones rellenos con pasto, según refirieron”.
A los trabajadores, indica el informe oficial, se les asignaba un crédito de 25 pesos por día para comer, pero las facturas que dejaban los proveedores enviados por la empresa superaban ampliamente dichos montos.
“Los trabajadores habrían firmado documentos que establecían condiciones que ellos desconocían y eran claramente diferentes al ofrecimiento verbal que les habían hecho los reclutadores”, consigna el informe, y precisa que “muchas de las víctimas (que no saben en su mayoría cuánto debían cobrar) tienen escolaridad mínimas y otras son analfabetas”.
Los allanamientos realizados en San Pedro tienen dos antecedentes cercanos: en sendos procedimientos realizados el 29 de diciembre y el 4 de este mes, el Gobierno rescató a 209 personas que eran explotadas en establecimientos agropecuarios de ese distrito de la provincia de Buenos Aires.
Explotación sexual
En relación a la lucha contra la explotación sexual, otra de las modalidades del delito de trata de personas que el Estado combate en forma sistemática, el ministro Alak recordó que el gobierno argentino promovió en la ONU, junto a Brasil y en representación del Mercosur, la “penalización del cliente, consumidor o usuario de la trata con fines de explotación sexual, así como otras formas de explotación de personas”.
Además, presentó un Proyecto de Resolución sobre Trata de personas en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
La propuesta argentina recibió un significativo respaldo internacional. En ese sentido, la Organización de los Estados Americanos (OEA) incorporó ese tema al Plan de Trabajo del organismo para el Hemisferio Occidental en el período 2010-2012.
Alak agregó, asimismo, que “la Organización de las Naciones Unidas otorgó en mayo último en Viena, durante la reunión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, otro respaldo internacional clave para avanzar en la revisión de las legislaciones y poder establecer la penalización del cliente de la explotación de personas”.
Asimismo, en junio pasado se conoció un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el que se elevó a Nivel Dos la calificación argentina en torno a las mejoras en “los mecanismos gubernamentales” vinculados a la lucha contra la trata de personas y asistencia a las víctimas.
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