Durante muchos años, en todos los países de la Unión Europea, hemos vivido un largo periodo de crecimiento económico, ello ha supuesto la mejora del nivel económico de los ciudadanos de manera espectacular, y que las finanzas públicas se hayan visto dotadas de suficientes medios financieros para crear el llamado Estado del Bienestar. Hay que decir que esto tuvo un precio que fue infravalorado. Me refiero al impacto medioambiental y al impacto desigual sobre la distribución de la riqueza en los territorios y regiones. Se consideró que era el precio del progreso.
Sin embargo, la crisis económica y los peligros que se ciernen sobre el medio ambiente han puesto en primer plano los temas que anteriormente eran evaluados como de menor importancia. Los impactos sociales, territoriales y medioambientales que tiene el crecimiento económico están formando parte de las principales preocupaciones de las institucionales y de los gobiernos nacionales. Como botón de muestra está el informe que el gobierno francés encargo a una comisión encabezada por el premio Nobel Stiglitz, que ha analizado el concepto y contenido del progreso social. Por otra parte, la OCDE tiene también un programa sobre el mismo tema y una reflexión sobre los indicadores pertinentes para determinar el progreso o no del crecimiento económico. En este caso fue Enrico Giovannini, miembro destacado en el área de investigación económica cuantitativa, quien se hizo cargo de dirigir los trabajos. Me he entrevistado y discutido con estas instituciones las bases estadísticas que trata el dictamen que voy a presentar en la plenaria.
Hay que pensar que el PIB ha sido la herramienta que se ha utilizado desde hace décadas para medir el crecimiento, que no el progreso. Todos somos conscientes que el crecimiento tiene una cierta correlación con el progreso, pero no recoge todos los factores que en el mundo actual se entienden por progreso y que, en definitiva, tienen que llegar a la percepción de las personas. Porque, si no llegamos a la percepción de las personas, estaremos haciendo unas políticas donde nos aislaremos de los ciudadanos y se pondrán en riesgo los sistemas democráticos que hemos ido construyendo con tanto sacrificio en todo el mundo y, especialmente, en la Europa actual. Una Europa que en el siglo pasado fue escenario de enfrentamientos, de guerras, de violencia y de falta de entendimiento. Hoy queremos construir el futuro incluso en un contexto tan difícil como en el que nos encontramos.
Por tanto, nos movemos en un contexto donde es enormemente relevante definir que es para nosotros el progreso y como medirlo. A través de la propuesta que presento en el Comité de Regiones, y que espero que se apruebe en el pleno, propongo una serie de instrumentos o indicadores que tendrán como objetivo evaluar resultados que tienen que influir en la toma de decisiones de los Gobiernos a todos los niveles de responsabilidad. En la ambición de contrastar e influir, nuestra opinión se dirige especialmente al Parlamento Europeo
Como tengo un tiempo limitado voy a entrar directamente en mi aportación a este debate...
Voy a centrarme en lo que plantea la Comunicación de la Comisión Europea “Mas allá del PIB – Evaluación del progreso en un mundo cambiante” , comunicación en la que, a mi juicio, y por vez primera, la Comisión, sin ninguna ambigüedad, hace una formulación donde se posiciona claramente en que hay que utilizar otras herramientas complementarias con el PIB para poder determinar si hay progreso o, por el contrario se detectan problemas que hay que resolver políticamente. Esas herramientas estadísticas deberían ponerse al servicio de un objetivo prioritario: ir cuantificando y orientado a la Estrategia 2020.
La Estrategia 20/20 plantea un modelo de crecimiento sustancialmente distinto del anterior. Es absolutamente imposible situarse en unos objetivos tan diferentes del proceso anterior sin tener indicadores de medición adecuados. Esos indicadores deben ser los que la orienten toma de decisiones de modo que los responsables políticos sean capaces de impulsar esa estrategia.
La estrategia pone como elemento prioritario el conocimiento, la inteligencia. Propone el cambio de un modelo energético que contribuya a luchar contra el cambio climático. Propone el desarrollo de la investigación, de la innovación como un elemento clave para configurar una economía competitiva y sostenible. Propone la inclusión social en un sentido amplio. La inclusión, en un sentido amplio, son las políticas de cohesión, es la solidaridad, es no dejar a nadie atrás; supone que un país, aunque crezca, tiene que medir la desigualdad. ¿Y cómo medimos la desigualdad si no tenemos más herramientas que el PIB y somos totalmente conscientes de que el PIB no mide la desigualdad ni mide las mejoras medioambientales u otras formas de progreso social?
Por eso es tan importante que este debate adquiera vida propia aún en un entorno de crisis en el que no todo se puede determinar en base a ver si conseguimos disminuir el déficit público, a ver si conseguimos o no mejorar en una décima el crecimiento en términos de PIB per cápita.
Voy a hablar de la propuesta que presentaré hoy al pleno del CDR. Vamos a tomar posiciones para que esto influya en las estrategias 20/20 o también en los programas operativos que se configuren en un momento dado y que permita clasificar a las regiones de modo que no tengan solamente la denominación de convergencia o de competitividad y empleo, porque sólo pueden medirse a través del PIB. Que podamos precisar las diferencias y actuar en consecuencia.
En primer lugar tengo que decir que valoro positivamente la comunicación que se ha hecho por parte de la Comisión Europea, sobre todo para actuar de un modo eficaz y crear un nuevo modelo de crecimiento. El Comité de las Regiones pidió recientemente que la próxima estrategia tenga como objetivo general explícito un elevado nivel de calidad de vida y bienestar de todos los ciudadanos de la Unión, y reiteró que la lucha contra la pobreza y las desigualdades de renta exige un enfoque territorial en una amplia gama de ámbitos políticos. Hizo constar que existe una creciente insatisfacción por el uso que se hace del PIB como indicador principal para medir el rendimiento económico. Y pide que se creen nuevos indicadores que permitan medir con mayor precisión la prosperidad, el bienestar y la calidad de vida en Europa.
La comunicación de la Comisión tiene cinco acciones contempladas para evaluar los logros económicos y el progreso social que nos parecen que son las adecuadas. Las voy a enunciar:
- Complementar el PIB con indicadores medioambientales y sociales.
- Dar una información, si se puede, casi en tiempo real para la toma de decisiones.
- Una información más precisa sobre la distribución y las desigualdades.
- Desarrollo de un cuadro europeo de indicadores de desarrollo sostenible.
- Ampliación de las cuentas nacionales a temas sociales y medioambientales que sirvan de base para las propuestas establecidas en la Estrategia 20/20.
Estas acciones no sólo deben de ser herramientas de evaluación posterior, sino que tienen que utilizarse en la toma de decisiones. Esto es importante porque la comunicación nació hace meses, el año pasado, y aquí tratamos de incorporar dos elementos cualitativos: la Estrategia 20/20 y también las perspectivas financieras más allá del 2013. Queremos intervenir en ese proceso.
Segundo, un aspecto que plantea la comunicación de la Comisión es la insuficiencia del índice del Productor Interior Bruto para orientar la política del siglo XXI, y estamos de acuerdo. Porque el PIB es un indicador de producción y no de bienestar de la población que obtiene esa producción. Muchas actividades incluidas en el PIB en el fondo significan reducción del bienestar de los ciudadanos. Los altos costes del transporte debidos a la congestión generadas por largas distancias; las acciones dedicadas muchas veces a corregir el impacto medioambiental negativo de determinadas actividades… En ese mismo sentido se pronunciaba la Comisión Stiglitz, diciendo literalmente que la sospecha de que el PIB puede ser un pobre instrumento para medir el bienestar e incluso la actividad del mercado, ha sido reconocida desde hace mucho tiempo.
El PIB no recoge el efecto de factores que afectan al medio ambiente como la escasez de recursos, la emisión de CO2, el impacto de los productos contaminantes, la calidad del agua, la biodiversidad, el impacto de la concentración urbana o del despoblamiento rural. Tampoco discierne aspectos sociales de enorme importancia como la desigualdad en la distribución personal y regional de la renta, la pobreza o el estado de la salud. Y no valora actividades que no son reconocibles en el mercado como el trabajo en el hogar o el trabajo irregular, el voluntariado o el tiempo libre. Se percibe que faltan datos esenciales. No se tiene en cuenta la depreciación del capital, aquí se incluyen maquinarias, fábricas, etcétera; ni tampoco los recursos o el capital humano. Un país puede incrementar su PIB explotando de forma intensiva sus recursos naturales, pero el capital del país indudablemente va a disminuir, dejando para generaciones futuras menos capital disponible.
En el dictamen del CDR que se propone, se transmite a las instituciones de la Unión, la opinión de que es necesario unificar y clarificar los mensajes que se quieren hacer llegar a los ciudadanos a través del uso de indicadores más allá del PIB.
También se habla en el dictamen de las contradicciones que existen incluso en la propia utilización del PIB y de otros indicadores emparentados con él. Por ejemplo, para definir y clasificar las regiones del Objetivo Convergencia se emplea el PIB per cápita. Para determinar qué estados pueden recibir cofinanciación del Fondo de Cohesión se utiliza la Renta Nacional Bruta per cápita. Se recurre a la Renta Nacional Bruta en las perspectivas financieras para establecer el límite de gasto presupuestario y también en el Protocolo 28 sobre la Cohesión Económica, Social y Territorial no se utiliza ni el PIB ni la Renta Nacional Bruta per cápita, sino el Producto Nacional Bruto per cápita. En fin, hay un conglomerado de indicadores, todos ellos económicos, que no se sabe muy bien por qué y en qué circunstancias se deben utilizar.
En tercer lugar, compartimos la idea que presenta la comunicación de la Comisión donde pretende desarrollar un indicador medioambiental global para mejorar los indicadores de calidad de vida. Apoyamos la preparación de ese proyecto piloto para el indicador medioambiental global que la Comisión se ha comprometido a desarrollar en el año 2010. Ese índice va a evaluar los resultados de los esfuerzos de protección de los territorios de la Unión y, en su valor cualitativo, nos señalará los avances o retrocesos en materia medioambiental. A mi juicio, debe no sólo cubrir los países, sino las regiones. Creemos que la Comisión debe introducir en su metodología elementos necesarios para ampliar el campo de definición del índice. Y deben de concebirse también instrumentos de incentivación europeos para aquellos que consigan los objetivos planteados o los mejoren. Hay que primar a los territorios que consigan mejorar sus indicadores y, por tanto, se tienen que configurar un conjunto de objetivos de abajo a arriba y no sólo de arriba abajo, de modo que la agregación de objetivos desde las regiones, y los territorios, vayan identificándose objetivos que, través de los Estados miembros y de las regiones, construyan en política común la Comisión que sirva de punto de apoyo para valorar e incentivar
Apoyamos la idea de que la información se dé en tiempo real para la toma decisiones tanto en lo que afecta a los indicadores medioambientales como a los indicadores sociales. Y consideramos un gran avance la presentación el año pasado del Sistema Compartido de Información Ambiental (SEIS). Hay que superar el desfase entre el retraso de entre dos y tres años de los datos medioambientales respecto a los datos económicos, porque de nada nos serviría hacer un gran avance estadístico si no operamos en tiempo real para la toma de decisiones.
Recordamos que hay índices que no se utilizan como referencia política, y recordamos que Eurostat viene haciendo una encuesta social armonizada que no ha sido publicada para los años 2006, 2007, 2008 y 2009 con resultados sobre las condiciones de vida de las familias de todos los países de la Unión. Por tanto, hay ya estructuras de base que pueden adaptarse al nivel regional. Proponemos que se den los pasos necesarios para que se elabore una encuesta social armonizada y regionalizada a nivel europeo, que se una de las referencias para las políticas de cohesión y para la toma de decisiones en ámbitos locales y regionales. Señalamos la importancia que tiene esta información para ver la distribución de las rentas y las desigualdades. Y coincidimos con la comunicación que nos da la Comisión Europea cuando dice, y cito literalmente, que: “la cohesión territorial y económica son objetivos generales de la comunidad. Su finalidad es reducir desigualdades entre las regiones y grupos sociales”. Hecho en falta, no obstante, la cohesión territorial que sí ha sido incorporada a través de la aprobación del Tratado de Lisboa.
Con respecto a los indicadores sociales, no hace falta llegar a situaciones de pobreza para relacionar los problemas de desigualdad regional o personal con el impacto o el medio ambiente. Sólo hace falta pensar que el incremento de la desigualdad, sobre todo si esa desigualdad supone una menor capacidad de recaudación fiscal, va a debilitar la posibilidad de afrontar reconversiones necesarias para un nuevo desarrollo sostenible. Asimismo, niveles menores de renta limitan la capacidad de las economías domésticas para abordar los cambios necesarios en el patrón de consumo que implica ese desarrollo sostenible.
Bien es cierto, por otra parte, que un modelo de comportamiento sostenible genera a corto y medio plazo un ahorro que compensa la inversión inicial. Por tanto, los índices de desigualdad de rentas y de divergencia regional deben estar en el centro de interés para las decisiones estratégicas de futuro. Apoyamos, por tanto, la propuesta que hace la Comisión de elaborar un cuadro de indicadores del desarrollo sostenible cuya utilidad, en cualquier caso, debe ser máxima y debe ajustarse al esquema de evaluación, pero también debe utilizarse como herramienta de toma de decisiones.
En cuanto a una contabilidad económica y medioambiental integrada, apreciamos los esfuerzos que se están haciendo para construir una contabilidad verde. En algunos aspectos hay avances significativos, gracias a la coordinación de esfuerzos entre Eurostat, los institutos de Estadística de los Estados miembros y la OCDE. Pero es necesario generalizarlo a todos los países de la Unión, de modo que en el año 2013 tengamos ya cuentas ambientales de consumos de energía y tratamientos de residuos, así como cuentas monetarias para las subvenciones relacionadas con el medio ambiente dentro de marco legal común. Si no estaremos haciendo un ejercicio teórico y en la Estrategia 20/20 no cambiará nada porque seguiremos midiendo todo y tomando decisiones solamente con el PIB. Esto tiene que traspasar el discurso académico y entrar en un elemento político de primer orden para lo que es imprescindible introducirlo en las contabilidades nacionales.
También resulta necesario que el Sistema Europeo de Cuentas (SEC) complete su cuadro de indicadores sociales, como la renta disponible de los hogares o la renta disponible ajustada, trasladándola a todos los Estados miembro y regiones de la Unión para fomentar su uso ya que determina en mejor medida el consumo y el ahorro que el actual indicador del PIB per cápita.
Finalizo ya resumiendo muy brevemente. Es imprescindible complementar el PIB con estadísticas que cubran otros aspectos económicos, sociales y medioambientales de los que depende de forma crucial bienestar de los ciudadanos y el éxito del proyecto europeo. No puede un nuevo modelo de crecimiento económico ni una Estrategia 20/20 salir adelante si no hay modo de medir o un modo objetivo de tomar decisiones que esté regionalizado. El objetivo del PIB no es medir con precisión a largo plazo los avances económicos y sociales y, en particular, la capacidad de una sociedad para afrontar para abordar decisiones tales como el cambio climático, la eficiencia de los recursos, la calidad de vida o la inclusión social. Y proponemos que estos indicadores, para guiar la colaboración y el diseño de políticas vayan en consonancia con las prioridades de la Estrategia 20/20.
Debe de ser, por tanto, mejorado el PIB y complementado. Y a este respecto, a nuestro juicio, resulta adecuada la creación de un índice medioambiental global, que se ha comprometido explícitamente la Comisión Europea y que debe de trabajar de manera cooperada y coordinada con la OCDE y con la Comisión Stiglitz, que son instrumentos y organismos que juntamente con otros organismos supranacionales o de las Naciones Unidas pueden utilizarse en ese indicador. Y también exhortamos a que se haga una encuesta social armonizada, a nivel europeo, nacional y regional.
Es necesario mejorar la metodología para disponer de información más completa y ajustada a la realidad en tiempo real. Si los indicadores surgen a posteriori ya no van a servir por muy bien que estén hechos metodológicamente. Y conviene que esos indicadores no sean muy numerosos, por eso trato de concretarlos en estas propuestas, aún cuando el trabajo metodológico y estadístico puede continuar en un ámbito de investigación en un abanico mucho más abierto. Pero si queremos introducir eso en la toma de decisiones políticas, hay que hacer un trabajo de urgencia y hacer, al menos, dos o tres propuestas concretas que tengan el respaldo de las instituciones estadísticas y de los organismos europeos. Propongo que la Unión Europea continúe trabajando coordinadamente con la OCDE, con el Banco Mundial, con la Organización Internacional del Trabajo y con los institutos estadísticos de modo que el esfuerzo que tenemos que hacer esté en el mismo registro que el realizado a nivel mundial por otros organismos internacionales.
Finalmente, concluyo apoyando esos objetivos de la Comisión, haciendo aportaciones y me comprometo a que una vez que se apruebe este dictamen en el Plenario, ir a debatirlo al Parlamento Europeo, a la OCDE, en los países miembros para que este debate coja cuerpo y se provoque un gran consenso porque nos jugamos mucho si queremos de verdad que el futuro sea distinto y que el modelo de desarrollo que tiene Europa se diferencie claramente del anterior.
y
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