El presidente asegura que "el Gobierno utilizará todos los instrumentos del Estado de Derecho para atajar situaciones como las vividas este fin de semana"

José Luis Rodríguez Zapatero ha iniciado su intervención haciendo un relato de los hechos que llevaron a tomar tal decisión. Según ha explicado, el pasado viernes, en torno a las 17,20 horas, AENA, de acuerdo con el Ministerio de Fomento, se vio en la necesidad de tomar la decisión de cerrar progresivamente el espacio aéreo español "al no poder prestar los servicios esenciales de navegación aérea como consecuencia del abandono súbito, masivo y simultaneo de sus puestos de trabajo, en torres de control y aeropuertos, por la mayor parte de los controladores aéreos en ese momento de servicio".

Algunos días antes, controladores del aeropuerto de Santiago de Compostela dejaron de asistir progresivamente a su trabajo alegando que, a su juicio, habían agotado la jornada laboral anual que les correspondía. La previsión de que ese movimiento se extendiera a otras instalaciones aeroportuarias hizo, según ha explicado el presidente del Gobierno, que el Consejo de Ministros del viernes aprobara una disposición destinada a delimitar tal jornada.

Durante la tarde del viernes, la persistencia de los controladores en su actitud desencadenó una serie de actuaciones por parte del Gobierno (convocatoria del gabinete de crisis en Fomento, reunión con los representantes sindicales de los controladores, apertura de diligencias penales) que culminaron en que a las 22,00 horas, mediante Decreto del presidente del Gobierno, se encomendó transitoriamente al Ministerio de 

 Defensa las facultades de dirección del servicio de control de tránsito aéreo atribuidas a AENA.

Rodríguez Zapatero ha recordado que el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya advirtió a los controladores, en comparecencia pública a las dos de la madrugada del sábado, de que "el Gobierno podría declarar el estado de alarma con consecuencias penalmente muy relevantes para quienes persistieran en su actitud de incumplimiento".

El presidente ha afirmado que la pertinaz actitud de los controladores, confirmada en el cambio de turno de las ocho de la mañana, le llevó a convocar un Consejo de Ministros extraordinario "que aprobó el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo".

Situación normalizada

El presidente del Gobierno ha señalado que las medidas adoptadas llevaron a una completa normalización a partir del cambio de turno de las 15-16 horas del sábado. Según ha afirmado, la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis se reunió a las 18.30 del sábado para tomar conocimiento del Informe del vicepresidente primero del Gobierno y de los ministros de Defensa y de Fomento sobre el estado normalizado de la situación, la efectividad contrastada de las disposiciones adoptadas y la previsible evolución de los acontecimientos.

La sucesión de decisiones tomadas por el Ejecutivo desde el inicio del conflicto obedeció, según el presidente, a la intención del Gobierno de agotar "sus posibilidades de actuación mediante medios menos excepcionales". Por eso también "adoptó una declaración estrictamente limitada del estado de alarma, la rodeó del máximo posible de garantías y concretó las medidas a aquellas necesarias para poner fin a la alteración del servicio de transporte aéreo".

Según ha afirmado, "la respuesta rápida y contundente del Gobierno, que hizo posible la reapertura del espacio aéreo en menos de 24 horas, ha sido ponderada y valorada positivamente por los medios internacionales, neutralizando o aminorando al menos el impacto negativo causado por la difusión del caos aéreo provocado por el abandono de los controladores".

Consecuencias graves

El presidente del Ejecutivo ha asegurado también que la normalización del servicio "no ha puesto fin a las consecuencias derivadas de estos hechos". Sobre el Gobierno pesa, además, "la doble obligación de impulsar la depuración de las responsabilidades en que se ha podido incurrir y de facilitar el resarcimiento de los daños y perjuicios irrogados".En este sentido, ha explicado que el Gobierno continúa el trabajo que viene desarrollando desde hace meses para revisar y actualizar la normativa que rige este sector, "con el propósito de lograr un punto de equilibrio razonable entre condiciones de trabajo muy favorables para este colectivo y las obligaciones que se le exigen al mismo y la forma de prestarlas y garantizarlas".

En esta tarea, Rodríguez Zapatero ha aseverado que "el Gobierno que presido no dudará en utilizar, sin ignorar los requerimientos de proporcionalidad a los que me he referido, todos los instrumentos del Estado de Derecho para poner fin a situaciones como las que vivimos el pasado fin de semana"